La lucha contra el tráfico de drogas para el consumo interno del 1 de enero al 21 de junio de este año  ha permitido el decomiso de 7,79 toneladas de drogas y la aprehensión de  5.481 personas a nivel nacional.

Este trabajo policial mostrado en cifras es constantemente destacado por las autoridades de Gobierno; sin embargo, los números mencionados encierran un problema interno por la visible participación de gendarmes en el transporte, custodia, comercialización, venta de drogas y otros delitos graves.

El último caso que evidencia  la problemática se dio la tarde del viernes 24 de junio en el norte de Guayaquil, cuando agentes de la Unidad Contra el Tráfico para el Consumo Interno (Uctci) de la zona de Policía No. 8, detuvieron a 2 de sus compañeros que tenían en su poder 30 kilos de clorhidrato de cocaína y 7 gramos de heroína.

Los gendarmes aprehendidos pertenecían al Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de Guayaquil y, según las primeras indagaciones, habían sido reclutados por una red de microtraficantes para el transporte de las sustancias sujetas a fiscalización.

El alijo era transportado en la cajuela de un automóvil Hyundai Getz, color celeste, de placas GQQ-0059, conducido por uno de los policías. Además, el otro agente, utilizando una moto policial, lo custodiaba. A este último se le encontraron 7 gramos de heroína en uno de los bolsillos del pantalón.

El mayor Darwin Sangoquiza, jefe de la Uctci zonal, revela que desde la conformación de la unidad especial, cuya operación empezó en febrero de 2015, solo en Guayaquil, Durán y Samborondón han sido detenidos 10 policías por su participación dentro de las estructuras de varias bandas de microtraficantes.

“Desde el inicio del trabajo policial operativo hemos detenido a miembros policiales inmersos en el delito de microtráfico, los cuales ya han sido desvinculados de la institución y juzgados por la justicia común. Muchos ya tienen sentencia por su participación en estas redes de delincuencia organizada”, menciona Sangoquiza.

En la mayoría de casos en los que están involucrados policías, estos cumplen la tarea de transporte y custodia del alcaloide. “Es lógico pensar que el transporte seguro de drogas para las organizaciones de narcotraficantes es mucho más fácil a través de personas que visten un uniforme (policial o militar). Esto evita los controles”, explica.

Respecto al desafío que enfrenta la institución policial en su lucha contra la corrupción interna, el ministro del Interior, José Serrano Salgado, sostuvo en Guayaquil la semana anterior que no dudará en sancionar este tipo de actos “vengan de donde vengan sin importar quiénes los cometan”. Estadísticas policiales sobre la lucha contra la corrupción entre 2013 y 2015 muestran que 43 oficiales fueron separados de las filas policiales junto a 752 miembros de la tropa.

“Mire, nosotros alrededor de esos temas (corrupción en filas policiales), somos simplemente contundentes y transparentes. Lastimosamente hay miembros policiales que no entienden que ya no pueden utilizar su uniforme para ninguno de esos actos”, dijo Serrano, tras opinar sobre la participación de 2 policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), en los asesinatos de dos ciudadanos (padre e hijo) en el cantón Salitre, provincia de Guayas.

El Ministro del Interior destaca que es la propia institución policial la que investiga y descubre el irregular accionar de sus miembros, pese a lo duro que resulta esa situación, lo cual redunda en la recuperación de la confianza de la ciudadanía.

Lamentó el funcionario que hayan “sido dados de baja 850 policías desde el inicio del proceso de autodepuración en 2013. Esto nos fortalece como institución, como sociedad”. (I)

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