Un niño de once años de edad, Víctor Alfonso Sánchez Bolan, fue ejecutado junto a sus padres el 21 de julio en Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca. Cuatro días más tarde en la misma provincia un disparo en la cabeza mató a Gabriel San Luis Merino, de diez años.  

En Cuitzeo, Michoacán, hallaron a diez personas calcinadas dentro de un vehículo y en Nezahualcóyotl, Estado de México, fue encontrada una bolsa de plástico que contenía los restos de un hombre con un disparo en la sien. En Guerrero dejaron una cabeza humana dentro de una hielera y se presume que pertenece a un cuerpo desmembrado que abandonaron en la carretera Chilapa-Acazacatlán.

Son algunas de las noticias de un violento mes de julio que terminó con récord en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: al menos 1.842 asesinatos y 106 secuestros en 31 días, según el recuento del semanario Zeta que se ha transformado en el principal informador sobre datos de violencia. Un parte de guerra y cifras de escándalo que son prácticamente ignorados por las autoridades: solo a pregunta expresa durante una entrevista, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, apenas admitió que los homicidios dolosos van al alza mientras el presidente ofreció cifras positivas durante su cuarto informe de gobierno (captura de 101 de los presuntos 122 delincuentes más poderosos del país y reducción de la tasa de homicidios, según datos del 2015).

Sin embargo, tan solo en el último fin de semana de julio de 2016 se registraron por lo menos 99 asesinatos en 17 estados del país. No fue una pesadilla exclusiva de ese mes, durante agosto hubo 2.147 homicidios en el país, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por ejemplo, en Tiquicheo, Michoacán, fue ejecutado Iván Magaña Saldaña, director de seguridad pública; y en Veracruz un grupo armado tomó la comunidad de El embarcadero para saquearla y llevarse a varios pobladores, ocho cadáveres aparecieron más tarde. En Guerrero se contabilizaron 24 asesinatos en 72 horas, incluida una familia de siete integrantes y el juez de paz de Tlacotepec, Heliodoro Castillo, muerto a golpes. En Acapulco, desde hace varios años considerada segunda ciudad más peligrosa del mundo, continuaron los asesinatos y las extremidades de un hombre fueron colgadas debajo de un puente.

Ya en septiembre, en La Huacana, disparos desde tierra derribaron un helicóptero del gobierno de Michoacán con saldo de al menos tres militares muertos. Otro niño, Gabriel San Luis Merino, de diez años de edad, fue asesinado en Oaxaca con un disparo en la sien o ‘tiro de gracia’, marca inequívoca del crimen organizado. Iba con su padre, Marcelino San Luis Martínez, de 42 años, por un camino de tierra a la altura de Yutandiata.

Aún no existen datos sobre agosto pero en lo que va del 2016 la tendencia es clara:  violencia al alza, horror multiplicándose. En junio alarmaban las cifras de mayo, con 1.700 asesinatos “el mes con más homicidios en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto” (Animal Político, 22/06/2016) y en julio llegó un nuevo récord, un promedio de 59 cada día. Cada registro supera al anterior aunque la información sobre violencia ya no aparece en portadas de prensa local como ocurría en años anteriores.

El gobierno ha intentado crear un ‘efecto pared’, explica Alejandro Vélez Salas, doctor en humanidades, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). “Muchos de los casos pasaron a las páginas policiales y con ello se construyó un muro para que los homicidios dejaran de verse cotidianamente como se veían en la administración del expresidente Felipe Calderón. Entonces había un discurso orientado a la guerra valiéndose de partes militares, decomisos y presentaciones; durante la administración de Peña Nieto se redujeron esas acciones pero resulta una pantalla porque los delitos continuaron”. Agrega que la ausencia de información pretende generar un ‘discurso tranquilizador’.

Rosario Mosso Castro, directora de información del semanario Zeta, explica que el silencio mediático tiene varias causas: “hay autocensura (para resguardar la propia seguridad) pero también un intento férreo del gobierno por tener un control de la información. Además, la censura ejercida desde diferentes niveles de gobierno a través de la publicidad porque finalmente los medios de comunicación son empresas”.

-¿Qué pretende ocultar el Gobierno?

-“Su falta de efectividad, su falta de poder para administrar lo que sucede en el país. El Gobierno oculta su incapacidad y su falta de resultados, no solo en materia de seguridad, también en economía”, añade Mosso.

Sin datos

Solo entre enero y julio de este año hubo al menos 11.257 homicidios dolosos, según el Observatorio Nacional Ciudadano, un grupo de más de 40 integrantes entre organizaciones de sociedad civil, académicas y empresas privadas. Número que sirve como muestra porque a nivel global las cifras son demoledoras: unos 78 mil asesinatos en lo que va del gobierno Peña Nieto (diciembre de 2012 a julio de 2016), según el semanario Zeta.

Si se suman a los más de 100 mil registrados durante la gestión anterior -150 mil según el Pentágono-, resulta un país con cerca de 200 mil muertos en una década y una extensa lista de masacres recientes con participación de fuerzas de seguridad como las de Tlatlaya (22 muertos, 2014), Ayotzinapa (6 muertos y 43 desaparecidos, 2014), Tanhuato (42 muertos, 2015), Apatzingán (16 muertos, 2015) y Nochixtlán (11 muertos, 2016), contando solo las que ocurrieron durante la actual gestión.  

Antes existían datos desagregados de diversas instituciones oficiales pero el gobierno actual cambió la metodología. Desde marzo de 2014 la información se concentra en el Sistema Nacional de Seguridad, una página web que publica boletines.

Para Rosario Mosso, “a los gobernantes no les gusta manejar cifras ni estadísticas porque saben que no van a quedar bien parados. Por crear una mejor imagen pública ellos de repente maquillan…no de repente, muy seguido lo hacen”. Concluye que “ocultar información ha sido uno de los sellos de este gobierno”.

Ante el silencio de las autoridades, tanto el semanario Zeta como el Observatorio Ciudadano y Semáforo Delictivo, entre otras iniciativas ciudadanas, son quienes producen información. Además, muchas críticas caen sobre los pocos datos oficiales que circulan respecto a la violencia.

“Destacan por su precariedad y poca fiabilidad. Existe un sesgo hacia la infraestimación de la magnitud y la gravedad de las atrocidades”, dice el informe Atrocidades Innegables, que en junio presentó la ONG internacional Open Society Foundations con base en documentos, más de 100 entrevistas y trabajo de campo realizado junto a organizaciones locales de derechos humanos.  

El reporte también señala a las fuerzas de seguridad y al cártel de Los Zetas como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población civil y enfatiza en la situación de la desaparición forzada: “Nadie sabe cuántas personas han desaparecido en México desde diciembre de 2006 (inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, actual estrategia de seguridad). La cifra de 26.000 citada a menudo es engañosa y en gran parte arbitraria; constituye una contabilidad defectuosa del gobierno”. Agregan que ‘existen sólidas razones’ para creer que el número es significativamente mayor.

Otros expertos también cuestionan que las categorías en datos oficiales son confusas. Caso paradigmático es el rubro ‘otros delitos’, que aumenta constantemente y, denuncian, puede prestarse a manipular cifras.

El Observatorio Nacional Ciudadano cuestiona los criterios y el funcionamiento del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), principal fuente informativa oficial en esa temática.

En una mesa de discusión realizada este 13 de septiembre, el grupo denunció que su trabajo ‘no es preciso ni confiable porque no distingue entre personas extraviadas ni desaparecidas’; no analiza ‘el registro estadístico del delito de desaparición forzada’ cuando otras entidades del Estado cuentan con información al respecto; y le faltan ‘elementos biométricos y otras variables relevantes para búsqueda y localización’. Además, su elaboración por cortes, advierte la organización, dificulta estudios estadísticos: hace prácticamente imposible comparar cifras en el tiempo, entre estados o a nivel internacional.

El Rnped ‘se debe rediseñar por completo’, concluye el Observatorio y Rosario Mosso, con práctica en rastreo cotidiano de información, agrega que ‘en algunos estados a las desapariciones forzadas las califican como privaciones ilegales de la libertad’ y así dejan de engrosar la lista oficial. La encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó cerca de 103.000 secuestros solo en 2014 sin incluir casos de inmigrantes, quienes ni siquiera aparecen en datos oficiales ¿Cuántos de esos 103 mil pueden ser víctimas de desaparición sin que sean consignados como tales?

Con escasos y poco confiables datos oficiales resulta difícil estimar cuántas personas fueron desaparecidas durante el actual gobierno. El Rnped contabilizó al menos 14.934 que sumadas a las 26 mil de la administración llegan a unas 40 mil en una década, más otro caudal de asesinados y fosas clandestinas que aparecen por doquier (38 fueron halladas durante el anterior gobierno, suman otras 156 en el actual).

Cifras más o menos, ‘el daño social es inconmensurable, una catástrofe detrás de los números’, resume Alejandro Vélez Salas a conciencia porque lleva años contando las historias del infierno, al ser uno de los coordinadores del portal Nuestra Aparente Rendición (hipervínculo: http://nuestraaparenterendicion.com/).  

Dice que tanto con Calderón como con Peña Nieto, la apuesta por militarizar la seguridad y atomizar a cárteles, la guerra contra el narco ‘ha tenido consecuencias funestas: nuevos cárteles, pandillas, bandas subrogadas para el ejercicio de la violencia…un mundo terrorífico. México es hoy un páramo y hay que volver a empezar de cero’.

Las mediciones de Zeta   

El semanario Zeta realiza sondeos periódicos con fuentes oficiales: servicios médicos forenses de los estados, procuradurías,  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Sistema Nacional de Seguridad.

-Complementan con especialistas que hablan sobre ‘cifras negras’.  

-Comenzaron a elaborar reportes como alternativa al hermetismo oficial y darse cuenta de que en su estado había muertes no contabilizadas por autoridades.

Exhibir la violencia  

“El daño sobre los cuerpos es uno de los productos más nefastos de la guerra. Las irrupciones en espacios públicos sean puentes, cementerios o iglesias son para aterrorizar; son útiles para quebrar el tejido social y la vida comunitaria. Porque si sales de tu casa y en el puente que cruzas todos los días hay una persona colgada, no  volverás a verlo de la misma manera. Se le conoce como horrorismo y es diferente al miedo”, afirma Alejandro Vélez, académico mexicano.  (I)

Humberto Guerrero / coordinador del área de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación  

"Las bajas de civiles son más altas que las de policías y militares"       

Desde que empezó la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las corporaciones mexicanas de seguridad se han transformado en frecuentes violadoras de los derechos humanos.  

Más de 11.500 denuncias sobre el accionar de las Fuerzas Armadas fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2007 y 2015.

Naciones Unidas denuncia que en México la tortura es ‘generalizada’ tanto en campos militares como en celdas policiales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta que el país vive una ‘crisis grave’ en la materia (ocupa el primer lugar del continente en quejas desde el año 2012).  

Nada cala, los uniformes garantizan impunidad y en la mayoría de los casos solo rinden cuenta ante tribunales militares mientras el gobierno financia campañas para enaltecer la imagen de sus corporaciones.

Para analizar el tema, EL TELÉGRAFO entrevistó al experto Humberto Guerrero, coordinador del área de derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Es abogado y profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Ha participado en organizaciones no gubernamentales      –CMDPDH, INSYDE, DRI- y encabezó el litigio por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, perpetrada por el Ejército en 1974, caso que valió la primera sentencia internacional condenatoria para México por delitos de lesa humanidad (2009).

¿Cuál es la situación actual en cuanto a violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad?

En su cuarto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto mencionó que habían bajado las quejas ante la CNDH. Sus datos indican que solo hubo 36 recomendaciones durante el año 2015, pero hay un gran vacío de fuentes de información para contrastar. Esas 36 recomendaciones no pueden ser el reflejo de las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en el país porque son contradictorias con otros ejercicios como la visita de la CIDH en 2015 y las cifras del relator de Naciones Unidas sobre tortura, Juan Méndez. Hablamos de cerca de 10 mil casos de violaciones a derechos humanos asociados a tortura, más miles de ejecuciones extrajudiciales. El dato de CNDH no es confiable, es engañoso, y también hay un manejo de medios porque en algunos lugares del país la prensa está dejando de reportar este tipo de incidentes.

¿Existen cifras oficiales actualizadas?

A partir de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó de registrar y documentar los casos de violencia, en los cuales sus elementos –Ejército y Marina- incurren en uso de la fuerza.

¿Es legal?

No, es ilegal porque los protocolos internos de Sedena y Secretaría de Marina piden que en cada enfrentamiento haya un informe por parte de los elementos involucrados. Además, protocolos internacionales como el de Minnesota (Naciones Unidas, 1991) establecen algunos lineamientos, por ejemplo que cada caso debe quedar debidamente registrado y documentado e incluso abrir una investigación.

Mientras se suspendieron los datos oficiales, algunos medios de comunicación llevan sus propios conteos como el semanario Zeta, ¿son confiables?

En lo que no podemos confiar es en las cifras del gobierno. En tortura, por ejemplo, el cuarto informe del Presidente habla de 4.700 casos pero solo cuenta aquellos denunciados ante instancias federales de procuración de justicia; ignora la cifra negra de no denuncia por miedo a represalias y olvida que el grueso de casos se da a nivel local. Consideramos que la cifra oficial podría cuadruplicarse.  

¿Hay intención del Estado de no registrar las torturas y ejecuciones cometidas por su seguridad o las instituciones se ven superadas por las circunstancias?

La realidad supera por mucho a la capacidad de las instituciones pero también se trata de una situación que ha sido denunciada y evidenciada desde la sociedad civil y las organizaciones internacionales. El gobierno persiste en no modificar sus acciones y eso hace pensar que tiene una incapacidad intencionada: escudarse en su propia negligencia.

¿Cómo debe interpretarse la falta de información oficial sobre violaciones graves a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad?

Es parte de una estrategia de ocultamiento porque hay un problema grave. En México las bajas de civiles son muchísimo más altas que las bajas de policías y militares. Un estudio de los académicos Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas mostró cifras alarmantes: el índice de letalidad en México es dos y hasta tres veces mayor que en otros países como Brasil (’índice de letalidad’ es la tasa de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos con fuerzas oficiales). Significa que los operativos de Marina y Defensa pueden tener como principal objetivo la aniquilación de las personas, contrario al derecho internacional. Lo evidencia el caso Tlatlaya (masacre de 22 civiles en 2014 perpetrada por FF.AA.), donde se demostró que la orden fue abatir.

¿Esa orden fue excepcional o hay más ejemplos?

Esa orden formaba parte de un documento que regula el funcionamiento general del ejército en una determinada región. Que no haya estado dirigida para un caso habla de que posiblemente no sea una excepción. Además, este tipo de órdenes no son dadas por funcionarios de bajo rango. (Redacción Mundo)

Santiago Aguirre / subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Prodh)  

Democracia imposible: impunidad y violaciones a derechos humanos 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., (Prodh), fundado en 1988 por la orden católica Compañía de Jesús, lleva tres décadas acompañando a víctimas de violaciones a derechos humanos. Inmigrantes, campesinos, indígenas, activistas, defensores de la tierra y policías comunitarios han encontrado en ellos una defensa legal aguerrida pero también respaldo moral. Su sede es tribuna desde donde se denuncian las más diversas injusticias; su casa un refugio para luchadores y perseguidos políticos de todo México.

La organización no gubernamental representa a víctimas en casos emblemáticos recientes como la masacre de Tlatlaya y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (2014). El subdirector del ente, Santiago Aguirre, analiza la situación actual del país.

¿Cómo definen la situación actual del país?

México vive una crisis de graves violaciones a derechos humanos donde la constante ha sido la impunidad. Se ha generado una dinámica que involucra tanto a  las autoridades federales como estatales e incluso municipales -el caso Ayotzinapa es bastante ilustrativo-, pero también a actores no estatales que se benefician con el circuito de corrupción. Es lo que se conoce como ‘macrocriminalidad’: estructuras delictivas en las cuales se confunden actores estatales y no estatales, aquellas que permanentemente laceran bienes jurídicos primordiales y la seguridad de las personas.

¿Creen que actualmente hay suficiente acceso a datos oficiales sobre violencia?

No somos especialistas en transparencia y acceso a información pública pero en algunos ejercicios que hemos realizado constatamos retrocesos en violaciones graves a derechos humanos y en violencia a nivel amplio. En violaciones graves, por ejemplo, ha sido muy notorio que durante este sexenio la Secretaría de la Defensa Nacional ha dejado de garantizar el acceso a información relativa a civiles víctimas de homicidios dolosos o culposos en el marco de las operaciones en contra de la delincuencia, lo que antes reportaba. En violencia, desde finales del sexenio de Felipe Calderón el gobierno dejó de producir el conteo oficial sobre homicidios, algo que permitía medir si México avanzaba o no sobre una base cuantitativa y objetiva. Podríamos decir que en México hubo algunos ejercicios novedosos e interesantes a partir de la aprobación de la ley de transparencia pero en general vivimos un retroceso: hay menos apertura a las cifras.

¿En lo que va del actual gobierno, ¿hubo cambio o continuidad en la política de seguridad que inició con la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012)?

Continuidad. Hay algunas diferencias como la aprobación en este sexenio de la Ley general de víctimas y una institucionalidad para atender a las víctimas, pero lamentablemente solo en el plano normativo se dieron los avances, en la realidad no han sido eficaces. Más allá de esos casos concretos, las grandes políticas de seguridad han continuado y los resultados están a la vista.

¿Qué resultados ha dejado esta política conocida como ‘guerra contra el narcotráfico’?

Hemos documentado que la política de seguridad ha sido marcada por la centralidad de las Fuerzas Armadas y se aprecia un incremento en las violaciones de los derechos humanos, sobre todo violaciones graves.  

Existe una erosión del estado de derecho y violencia de gravedad en algunos estados del país.

Se debe atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, quienes alertan que es necesario desarrollar un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas acompañado por un fortalecimiento de las policías en sistemas de rendición de cuentas.

¿Es normal que las Fuerzas Armadas sean desplegadas en tareas de seguridad interna por casi una década? ¿Qué tan peligrosa es la militarización?

En México, este despliegue implica asignar a las Fuerzas Armadas tareas que no son compatibles con su diseño constitucional, su formación y su finalidad. Es una situación que no es compatible con la normalidad constitucional. La consecuencia ha sido un incremento en las violaciones graves a los derechos humanos cometidos por esas fuerzas, situación que va acompañada de impunidad porque no hay investigación ni sanción efectiva.

Esta impunidad como regla y constantes violaciones graves a derechos humanos, ¿son compatibles con una democracia del siglo XXI?

Para el Centro Prodh una dimensión relevante del Estado democrático es el respeto a los derechos humanos. La existencia de patrones generalizados de violaciones graves a los derechos humanos en algunas zonas del país se contrapone con esta dimensión fundamental y sin duda impide hablar de que en México exista una normalidad democrática. (Redacción Mundo)