El martes pasado la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato, que establece que  los Municipios regularán  las condiciones del arrendamiento.

El proyecto de ley, que aún espera el veto del Ejecutivo,  dispone la creación de una  Oficina de  Registro de Arrendamientos que   inscriba los contratos   y custodie el monto establecido como garantía por el uso del inmueble.
 
 Para custodiar la garantía, las Oficinas de Registro   deberán abrir una cuenta  en el Banco de Fomento a nombre del municipio respectivo, en la cual los   inquilinos harán el depósito, que no podrá superar  el doble de la cuota  mensual de arriendo.
    
El proyecto   también plantea  que el precio de los arriendos sea regulado por los municipios. En Latacunga aún hay desconocimiento y lo poco que han escuchado genera preocupación.

Uno de los puntos  más comentados es que la garantía ya no se entregaría al arrendatario sino  a la Oficina de Arrendamientos, el cual reembolsará el dinero  al inquilino luego  de entregado el inmueble.

“No estoy muy enterada y no tengo propiedades de arriendo, pero por lo que he oído es una ley que impedirá que los propietarios de las casas abusen de los arriendos”, manifestó Julia Tamayo, ciudadana.

Luis Aníbal Torres es oriundo de Ibarra   pero reside  en Latacunga desde hace unos   meses. Tiene una  propiedad en   Imbabura y no está de acuerdo con la nueva ley que podría entrar en vigencia en abril próximo.  “Sí, hay gente que abusa de esto,   pero no somos todos. Yo arriendo piezas para estudiantes  y no me aprovecho de ello”, dijo.

Lo que más le  inquieta   es    “cuánto tiempo tomará para que el Municipio    devuelva el dinero y bajo qué parámetro lo hará”.

El proyecto señala que la garantía no se entregará al arrendador si el deterioro del inmueble se produce  por su uso normal, por el paso del tiempo, por la mala calidad o   defectos en la construcción del inmueble. Pero también aclara que si el daño es causado por los inquilinos o sus familiares, el arrendador podrá usar todo el valor  para la reparación o, incluso, demandar civilmente al inquilino si el costo es mayor, sin que ello afecte la decisión de finiquitar el contrato.

Narda Corrales, arrendataria,  también se manifestó en contra de la normativa, pues ahí se establece que  pasado el segundo mes en mora, el propietario del inmueble puede solicitar el finiquito del contrato y desalojar  al inquilino. “Eso va en contra de la gente   pobre,  que muchas veces tenemos que pedir de favor que nos esperen un mes o dos para  pagar. El hecho de demorarnos un poco no quiere decir que seamos delincuentes, eso me preocupa mucho”, manifestó.

Al respecto, el  proyecto de ley también establece la creación de los Juzgados de Inquilinato para  resolver posibles controversias. El Consejo de la Judicatura será el encargado de  fijar el número de   jueces   necesarios para cada  jurisdicción territorial que, incluso, podrán tener competencia cantonal, de acuerdo a los requerimientos de cada localidad. Y en los cantones  que no cuenten con  jueces de inquilinato,  serán los jueces de lo civil y mercantil quienes cumplan esa labor.

El alcalde de Ambato, Fernando Callejas, en cambio, calificó al proyecto como una “locura”, porque la creación de una Oficina de Arrendamientos  implicaría más gastos por la contratación de   personal. También expresó su preocupación porque los Cabildos serían los que fijen tarifas máximas de arriendos, según la  ubicación  y los servicios que ofrezca el inmueble.  

Yolanda Flores, propietaria de un inmueble  en el centro de Ambato, mencionó que la propuesta beneficia más al inquilino, pero  “no todos tienen buenas intenciones”.

Sin embargo, asegura que al tratarse de una ley, tendrán que cumplirla.
Para José Aguilar, quien ha arrendado casi toda su vida,  es  justo que la ley se reforme, aunque   no está de acuerdo con que  el Municipio asuma la responsabilidad: “habrá  largas filas de espera y demora en los trámites, tanto para la recepción como para la entrega de la vivienda”. En lo que va del año,  la Unidad de Inquilinato   de Ambato ha  registrado 2.136 contratos. 

Para  la legalización,   el contrato deberá tener los  nombres completos de quienes lo suscriben, los servicios que ofrece y si  es amueblado se deberá adjuntar un inventario de lo que contenga.