El 30 de agosto de 2012, el Municipio de Latacunga recibió el oficio 1169 JSTP-ESG en el que se daba a conocer la disposición aprobada por la jueza titular del Juzgado Sexto de Trabajo de Pichincha, Beatriz Cadena, donde se establece que los concejos municipales del país deben crear una ordenanza en la que se disponga la inscripción de las adjudicaciones de tierra libres de todos los costos.

El Proyecto de Legalización Masiva de la tierra cumple con la entrega de escrituras públicas a quienes han permanecido por más de cinco años consecutivos trabajando la parcela en predios del Estado.

Las personas beneficiarias, además de la posesión y tenencia legal de la tierra, pueden acceder a las políticas públicas del Gobierno Nacional.

Se han titulado 24.722 predios rurales y emitido 84.222 providencias de adjudicación a nivel nacional. Hasta el año 2015, se prevé titular 289.903 predios rurales y emitir 230.403 providencias de adjudicación en todo el país.

Jorge Rivera Vaca, delegado en Cotopaxi de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, dio a conocer que el Concejo Municipal tenía 15 días de plazo para la creación de esta ordenanza; no obstante, no cumplió con la disposición.

“Pese al incumplimiento del Municipio de Latacunga, el 3 de enero pasado entregamos 1.716 expedientes notariados. Se tenía previsto entregar estas escrituras el 15 de febrero a sus beneficiarios durante la visita del Ministro (Javier Ponce), pero lamentablemente no se entregó ninguna escritura de Latacunga ni de La Maná”, aseguró Rivera.

Posteriormente a eso, el funcionario recibió una invitación del Cabildo latacungueño para que presencie la sesión ordinaria del organismo programada para el martes 19 de febrero, donde como tercer punto del orden del día se preveía tratar la medida cautelar dispuesta por la Jueza de Trabajo.

“El alcalde (Rodrigo Espín) y los ediles aprobaron públicamente esa ordenanza; lamentablemente, días después recibimos una llamada telefónica de la Procuraduría Síndica del Municipio en la que se nos notificó que no se dará paso a la normativa porque los rubros de catastro sí se deben pagar y que solo se exonerarán los rubros de Registro de Propiedad”, relató Rivera.

Tras esta notificación, la Subsecretaría de Tierras comenzó a presionar al gobierno cantonal cotopaxense mediante la entrega de siete oficios, en los que exigía conocer cómo avanza el proceso de los expedientes entregados. A estos oficios se sumó la entrega de un documento sumillado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) con fecha 25 de abril de 2013, en el que se solicita al Cabildo cumplir con la gratuidad en la adjudicación de tierras.

En Latacunga y La Maná, no se cuentan con las facilidades para la legalización gratuita  de tierras

“Uno de los oficios que enviamos es un informe jurídico explicándoles todos los artículos que estaban violando, pero al Municipio, al parecer, no le importó. El 17 de mayo entregamos 1.072 trámites y probablemente se entreguen 438 trámites más, sumando en total más de 3.000 escrituras que necesitan ser procesadas”, indicó Rivera.

El 29 de mayo, el Cabildo Latacungueño envió un oficio contestando a la entidad estatal textualmente: “El cumplimiento de la medida cautelar se procedió a efectuar conforme se ha justificado legal y en debida forma, mismo que ha sido enviado al Juzgado de Trabajo, quien radicó la competencia”.

Por su parte, Moisés Velasco, registrador de la Propiedad de Latacunga, aseguró que “este es un problema cuyo origen está en la Subsecretaría, que espera que haya paquetes voluminosos con más de mil expedientes para enviarlos. Estos retrasos se dan porque si hubiera más prolijidad en el trámite, se demoraría menos tiempo”, aseguró.

Mientras tanto, miles de campesinos e indígenas de Latacunga no han podido completar la adjudicación de sus tierras y acuden diariamente a diferentes dependencias para tratar de agilitar sus trámites.