En San Felipe, barrio ubicado al occidente de Latacunga, existen alrededor de 30 fábricas de bloques, mientras que en  La Calera, una zona vecina, hay 45. 

Esos negocios emplean  un 90% de mano de obra de migrantes indígenas, provenientes sobre todo de la parroquia de Zumbahua,  en el páramo del cantón  Pujilí.   Las familias indígenas viven en pequeñas ‘mediaguas’ construidas en los terrenos en donde se funcionan las bloqueras. Hace algo más de un lustro, los padres obligaban, en un 70% de los casos, a trabajar a sus hijos menores de edad  en esos lugares antes de ir a la escuela;  es decir, que debían hacerlo en las madrugadas.  

Los efectos de esta actividad eran detectados por los  maestros y, entre estos, se anotaba: una  menor estatura que la correspondiente a la edad;  bajo rendimiento escolar; cansancio permanente e incluso sueño durante  las horas clase.

Por ello, que desde hace cinco años, el Ministerio de Inclusión Económica y Social  (MIES) y el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA),  en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Latacunga, iniciaron un plan para erradicar el trabajo infantil en las fábricas de bloques.

Para esto se destinaron 151.182 dólares, que se distribuyeron, además de en Latacunga, en los cantones Pujilí, Saquisilí, Sigchos y La Maná, en los cuales se detectó a gran cantidad de menores laborando.

Parte del proyecto consistió en distribuir  becas de  85 dólares anuales  a los niños más pobres.  Según datos del MIES, más de 890 niños son atendidos con el programa de becas en las comunidades de San Felipe, La Calera, Lasso, Pastocalle y Poaló. 

A nivel nacional, con este tipo de proyectos se ha reinsertado en el sistema educativo a 2.160 niños, niñas y adolescentes en 78 cantones. Sin embargo, en Latacunga  el trabajo infantil aún es un problema.

Gustavo Recalde, Director Distrital del MIES en la capital cotopaxense, dice que se rescató a un 80% de niños que eran obligados a trabajar. “´Todavía falta un 20%; estamos trabajando para establecer los lineamientos de trabajo para este año”, menciona.  Recalde añade que no se ha descuidado el seguimiento de los casos conocidos, pues “no se puede dejar de lado los logros alcanzados”.

“Marco” (nombre protegido) tiene 10 años, vive en San Felipe con sus padres y estudia en la escuela Ana Páez. Recuerda que el año anterior,  técnicos del MIES visitaron a la familia para socializar con ellos los problemas que produce el trabajo de los niños; “desde ahí ya no nos obligan, pero hay veces que es mucho el trabajo que hay que hacer y sí nos toca madrugar y ayudar”, dice.

El menor también recuerda que hace tres años vivían en  su natal Guangaje, parroquia de Zumbahua. “Allá era feo porque había veces que no teníamos ni qué comer. Aquí aunque sea tenemos comida”, afirma.  Como la familia de ‘Marco’, muchas han migrado a San Felipe y La Calera para trabajar “huyendo” de la pobreza del páramo.

Amelia Pila es propietaria de una fábrica de bloques.  Posee dos prensadoras  en las que trabajan dos personas provenientes de la parroquia de Zumbahua.

Uno de ellos es Manuel Toaquiza.    Llegó a San Felipe en busca de una mejor forma de vida pues, según cuenta, en Guangaje “la tierra ya no produce, no hay regadíos, las siembras generaban pérdidas y nos estábamos muriendo de hambre”.  Por ello, desde hace casi dos años vive en el terreno donde funciona la bloquera, en una pequeña ‘mediagua’, con su esposa y dos hijos.

Toaquiza dice que fabricar bloques “es muy sacrificado”, pues deben levantarse a las 02:00 para aprovechar la falta del Sol y el agotamiento que este genera. La jornada dura hasta las 09:00, período en el cual elaboran 1.200 bloques. Las horas de trabajo son remuneradas con  12 dólares a cada uno. “A veces no nos alcanza, pero no hay más en que trabajar”, menciona.  Toaquiza asegura  que no utiliza a sus hijos para la pesada labor, que estos asisten a la escuela y tienen la vida de un niño común.