La Contraloría General del Estado presentó su informe final sobre el proyecto de regeneración, remodelación y restauración del Parque Sucre de Riobamba. En el documento se llega a tres conclusiones.

La primera es que la obra se realizó sin estudios definitivos y sin contar con las autorizaciones pertinentes; la segunda, que las paralizaciones de la obra ocasionadas por incumplimientos a sugerencias del Instituto Nacional de Patrimonio (INP) retrasaron la entrega, y que existió un solo oferente, que no acreditaba experiencia en obras patrimoniales.

Estas observaciones coinciden con el informe de la Veeduría ciudadana que observó el proceso de contratación y la ejecución de los trabajos de restauración.

Diego Villacís, presidente de la Veeduría, señaló que el informe de la Contraloría estipula sanciones administrativas para el Cabildo, al haberse detectado que se incumplió con la Ley de contratación pública y la Ley de patrimonio. “Este informe debería ser vinculante para que el Concejo cantonal tenga una causal más en el proceso de remoción del Alcalde”, dijo el veedor.

En lo referente a la parte contractual, el documento señala que el Alcalde, el director de obras públicas y el director de planificación inobservaron el artículo 23 de la Ley orgánica del Sistema nacional de contratación pública  que establece: “Antes de iniciar un procedimiento precontractual, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos”.

Otro de los puntos que cuestiona el informe es el hecho de que se adjudicara la obra al  oferente único, el cual, además, no contaba con experiencia certificada en obras de rehabilitación en plazas públicas pertenecientes al patrimonio cultural de la nación.

Juan Bernal, restaurador y artista plástico, indicó que, por ejemplo, en lo que respecta a los leones que forman la base de las bancas de hormigón, “se les colocó una capa de color, quitando el original de granito y hormigón que iba en armonía con las bancas; las  que de paso, en su lado posterior, han sido tratadas con una lechada verdosa que no les corresponde”.

La Contraloría observó, además, la existencia de un incremento de cantidades y rubros  del 30,1 % del monto total del contrato, sin reajuste de precios. En el presupuesto inicial de intervención se estimó un monto de 458.140,13 dólares.

El organismo también estableció recomendaciones de obligatorio cumplimiento en la ejecución de futuros trabajos.