El acuerdo con los transportistas aprobado el sábado por el Concejo Metropolitano establece dos esquemas para el pago de la compensación que recibirán los conductores a cambio del congelamiento del pasaje general en $ 0,25: la media tarifa para ancianos y menores en $ 0,12 y que el servicio cueste $ 0,10 a los discapacitados.   

El primero se aplicará a unidades que cumplan de forma básica el sistema de recaudo conocido como caja común. Es decir, en las que la contabilización del número de usuarios se haga manualmente, con la entrega de boletos de papel. En este caso se reconocerán montos de hasta $ 450 mensuales.

Este método empezó a aplicarse en enero del año pasado en el 95% de las operadoras de la capital. Sin embargo, tras el cambio de administración municipal, el sistema dejó de utilizarse.

Soraya Andrade (31 años), quien usa transporte público todos los días para desplazarse hasta su trabajo en el centro capitalino y retornar a su casa en el norte, señaló que hasta octubre o noviembre pasados recibía los tickets, “aunque no en todas las unidades”.

Desde entonces, según la dependienta en un almacén de ropa, solo cuando aborda un vehículo del sistema municipal de transporte recibe el comprobante.

La otra tabla, que establece pagos de hasta $ 1.000 al mes, reconocerá a los propietarios de vehículos cuyo sistema de recaudación tenga componentes electrónicos.

Sin embargo, ni en la resolución del Concejo ni en el informe técnico que le sirvió de base se especifica el plazo que tendrán los integrantes del gremio para pasar de una modalidad a otra.

En la planificación establecida por la anterior Alcaldía, el proceso debía concluir a finales de 2017 con la implementación de un sistema de cobro a través del uso de tarjetas electrónicas recargables, válido tanto para el transporte masivo convencional como para el municipal. La resolución aprobada por el legislativo capitalino el fin de semana pasado determina que la asignación de recursos a los transportistas “se realizará trimestralmente, y estará sujeta al cumplimiento mensual de los componentes del índice de calidad del servicio de cada operadora (...)”.

En ese sentido, el informe técnico entregado a la Comisión de Movilidad del Concejo para que elaborara la resolución que se aprobó con 12 votos (de 21) establece 27 indicadores que se utilizarían para medir la calidad del servicio. Entre estos se establece un Índice de Calidad del Servicio, Índice de Gestión de la Operación, Cobertura Operativa, Regularidad y Presentación del Vehículo. Y para el cálculo de estos factores, la comisión encargada de elaborar el informe estableció fórmulas matemáticas.

No obstante, las tablas en las que se determinan las inversiones que se prevé deberán hacer los propietarios de los buses y las cuales se compensarán no hacen referencia a ninguno de esos indicadores. Más bien establecen otro tipo de parámetros (ver gráfico).

Y tanto en la escala de compensación a las unidades con Caja Común básica como con sistemas de recaudo más completo, el factor de limpieza de las unidades tiene un alto nivel de reconocimiento ($ 153 en ambos casos).  

Eso ubica a la apariencia externa de los buses por encima de otros componentes como la adecuación de las unidades para el acceso de personas con movilidad reducida, que será reconocido con el pago de $ 33,33; o la colocación de letreros informativos en sistema Braille dedicados a personas con deficiencia visual, por lo que se asigna $ 10.

Al tema de control de velocidad mediante la instalación de sistemas electrónicos se destina una retribución de $ 45,83.

Al tema de capacitación del personal que interviene en la movilidad, la comisión le asignó un valor de $ 67,20 mensuales.

Dentro de este rubro se incluyen cursos semestrales de 24 horas para conductores y ayudantes; uno de 20 horas para los socios de las cooperativas (propietarios) y de 12 horas para el personal operativo.

Sin embargo, no se especifica en qué consistirían estas capacitaciones ni las personas o entidades que ser encargarían de impartirlas a los conductores.

DATOS

La Alcaldía quiteña calcula que requerirá unos $ 20,7 millones anuales para cancelar la compensación ‘condicionada’ que se entregará a los conductores.

Los recursos que se emplearán en los primeros 6 meses de la aplicación del sistema se obtendrán del traspaso de crédito del Área de Servicios Comunales por el valor de $ 10,5 millones.

El monto para el resto del primer año y que se calcula en $ 10,7 millones ‘se lo considerará en la reforma presupuestaria de 2015 de los recursos provenientes de la optimización de gastos no ejecutados (...)’.

El Concejo Metropolitano de Quito estableció, a través de la resolución aprobada, que la Secretaría Metropolitana de Movilidad ‘en el plazo de hasta 15 días deberá emitir el instructivo y demás resoluciones’ para viabilizar el sistema.