Los 4 consorcios, que fueron precalificados para el concurso por la construcción de la segunda fase del Metro, están formados por empresas de origen diverso: Italia, Brasil, España, Ecuador, México y Corea.

Las firmas comparten, sin embargo, como rasgos comunes, su presencia en varios países del mundo y su participación previa en obras importantes, tanto en el país como en otros puntos del globo.

Un ejemplo de ello es la italiana Impregilo, integrante de la Asociación Ansaldo–Impregilo-Herdoíza Crespo.

La firma es considerada como una de las más importantes de Europa en el ramo de ingeniería, construcción de infraestructura para transporte y trabajos relacionados con el ambiente. Sus accionistas se precian de tener negocios en, al menos, 13 países de Europa, Asia y América del Sur.

En Sudamérica construyó la cárcel de Ezeiza (Argentina), el reclusorio conocido como La Galería del Hatillo (Colombia), la instalación hidroeléctrica del puente de Pedra (Brasil) y la autopista Anchieta Inmigrantes (Sao Paulo-Santos), entre otros trabajos, según datos de la página web de Impregilo.

A pesar de ello, la compañía no ha estado exenta de problemas, incluso en Ecuador. Como parte del consorcio aún vigente, Impregilo-Herdoíza Crespo construyó, a inicios del presente siglo, el proyecto Mazar, concebido para alargar los períodos de operación y la vida útil de la central hidroeléctrica Paute.

En ese contexto y mientras se ejecutaban los trabajos en Azuay, surgieron en 2005 denuncias sobre una supuesta falta de liquidez por la que atravesaba la constructora europea. De acuerdo con reportes periodísticos de la época, tras una inyección de recursos por alrededor de $ 800 millones, el grupo empresarial concluyó la obra.

Actualmente, la contraparte ecuatoriana del consorcio (constructora Herdoíza Crespo) está a punto de finalizar la Ruta Collas, el acceso norte al nuevo aeropuerto capitalino en Tababela.

Una situación similar es la del Consorcio Línea 1 Metro de Quito: Acciona–Odebrecht, conformado por un dueto empresarial hispano-brasileño.

En el caso de la española Acciona ejecuta actualmente la primera fase del proyecto del Metro quiteño, con un precio referencial de $ 64,7 millones. Esta consiste en la edificación de 2 de las 3 estaciones multimodales con que contará el sistema: El Labrador (norte) y La Magdalena (sur), los trabajos que registran actualmente el 65% de avance constructivo.

En tanto que la brasileña Norberto Odebrecht cuenta con una larga presencia en el país, en la que, ha tenido algunos contratiempos. El principal ocurrió durante el actual Gobierno, a raíz del hallazgo de problemas estructurales en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco (Azuay), en 2008.

A raíz de ello, la Contraloría estableció 8 glosas por $ 70 millones contra la compañía y el presidente Rafael Correa ordenó su expulsión del país. Tras una serie de negociaciones y reparaciones por parte de la compañía brasileña, la empresa se convirtió nuevamente en contratista del Estado.

Entre tanto, el alcalde Mauricio Rodas anunció ayer que durante una cena en honor del primer ministro de San Vicente y Las Granadinas (Ralph Gonsalves), celebrada la noche del martes, en un breve diálogo pidió al presidente Rafael Correa una reunión. El objetivo de la cita sería —dijo Rodas— “encontrar una solución” al incremento del precio del Metro establecido en las ofertas presentadas por los consorcios (Ver infografía).