Los transportistas públicos generaron caos en 19 redondeles y cruces viales de Quito durante las primeras horas de la paralización, una vez que el Concejo Metropolitano suspendió, el jueves pasado, la sesión en la que se discutía el alza de pasajes de $ 0.25 a $ 0.30.

Las zonas más conflictivas fueron El Condado, Guamaní, Carapungo, Chillogallo, Colegio Montúfar, La Marín, Morán Valverde, Mayorista y El Trébol.

Los intentos de los manifestantes por obstaculizar el tránsito de las unidades municipales y particulares derivaron en actos vandálicos.

El secretario metropolitano de Movilidad, Darío Tapia, informó que tres biarticulados resultaron afectados. En la mañana, en el sector de Guamaní (sur), el parabrisas y los vidrios laterales de un vehículo de la Policía Metropolitana fueron apedreados.

“Además, tenemos cuatro heridos: tres policías metropolitanos y un agente de tránsito, quien tiene fractura de tibia y peroné y  se encuentra en una clínica de la ciudad”.
Producto de estos hechos, hasta la tarde de ayer miembros de la Policía Nacional detuvieron a 10 personas.

Una de ellas fue Aracely Q., azafata de la cooperativa Juan Pablo II, aprehendida en el sector de Turubamba. La mujer permaneció rodeada por un grupo de uniformados por cerca de media hora, a la espera de un patrullero que la trasladara.

Aracely era acusada de agredir físicamente a una policía. Sin embargo, sus compañeros de trabajo aseguraron que ella únicamente respondió a los empujones y golpes que  recibieron en el intento de los agentes por despejar la avenida Teniente Hugo Ortiz, una de las principales arterias del sur de la capital, para el paso de las unidades de la Ecovía.

Otro punto en el que los ánimos se caldearon fue en la parada de la misma Ecovía, a la altura del colegio Montúfar. Allí, también, los transportistas evitaron en varios momentos el paso de las unidades.

Tras un largo diálogo, los policías asignados a ese punto de la ciudad lograron que desalojaran la vía. Sin embargo, los choferes se dirigieron un poco más al norte, a la intersección de las avenidas Napo y Velasco Ibarra, donde trataron de retomar la medida.

En esta ocasión, los uniformados actuaron de manera más enérgica y tras varios forcejeos consiguieron habilitar el tránsito.

Estas interrupciones se sumaron al tránsito de carros particulares que, normalmente, llegan del sur de la capital y del valle de Los Chillos, lo que generó complicaciones en la zona de El Trébol.

A las 11:30, el procurador (abogado) municipal, Gianni Frixone, presentó ante la Fiscalía una denuncia para pedir que se investigasen los actos relacionados con la paralización. Frixone recordó que el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución “prohíbe la paralización de los servicios públicos (...)” y, entre ellos, la transportación pública.

Con la obstaculización de vías los conductores buscaron acentuar  el efecto de la suspensión del servicio, que iniciaron a las 00:00 de ayer y que tendría el carácter de indefinida.     

El gremio reclama que la votación del proyecto de ordenanza que eleva los pasajes en $ 0,05 haya sido aplazada por el Concejo Metropolitano. José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha, señaló que la discusión sobre la política tarifaria lleva cuatro meses.

El 30 de junio culminó el convenio firmado con el alcalde Mauricio Rodas para el pago de una compensación de entre $ 450 y $ 1.000 mensuales a cambio del congelamiento de las tarifas. Bajo ese mecanismo, el Cabildo desembolsó $ 46 millones por los periodos 2015 y 2016 a cambio de mejorar la calidad del servicio al público.

Pese a ello, los transportistas afirman que no pueden esperar más, pues el costo del servicio no se ha revisado en 14 años y la tarifa actual no les permitiría seguir operando. No obstante, ni el Municipio ni los operadores de transporte  han presentado un informe que evidencie el cumplimiento del acuerdo de compensación suscrito.

La suspensión del servicio urbano incrementó la presión que recibe habitualmente el sistema municipal de transporte. Alrededor de las 07:30, extensas filas de usuarios  empezaron a formarse en los andenes de la Ecovía, ubicados en el sector de La Marín.

Personal del Cabildo intentaba ordenar el flujo de personas. Sin embargo, la desesperación por ingresar a las unidades causó  incidentes entre los usuarios y reclamos al personal del Cabildo.

Marcelo Rodríguez, quien llegó al lugar desde la parroquia Conocoto (suroriente), opinó que “por fortuna el período de clases no ha iniciado y es (era) viernes, si no el paro hubiese producido mayores problemas en la ciudad”.

Suspendido el paro

Anoche, la Cámara de Transporte de Pichincha anunció la suspensión del paro. Su presidente, José Santamaría, dijo que la finalización de la medida de hecho se da tras contactos mantenidos con la Presidencia de la República para que el Jefe de Estado, Lenín Moreno, sirva como mediador en el conflicto desatado en torno al dilatamiento de la aprobación del incremento de pasajes en la capital. Jorge Yánez, otro directivo del sector, apuntó que una comisión del gremio se encargará de volver a los diálogos con el Cabildo. (I)

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La reducción de aliados del Alcalde en el Concejo se sintió en la sesión del jueves

La paralización de actividades que iniciaron ayer los transportistas de Quito es otro capítulo de una historia que arrancó el 17 de mayo pasado. Ese día, los integrantes de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano conocieron los resultados de una consultoría sobre el tema tarifario.

El análisis planteaba una tarifa de entre $ 0,34 y $ 0,38. El consenso entre los integrantes del organismo era, sin embargo, que debía manejarse un costo de los pasajes de $ 0,30.

El 23 de junio, el legislativo capitalino conoció en primer debate el proyecto de ordenanza que fija nuevas tarifas y, pretende, establecer un sistema de control que mejore la calidad del servicio.

En la sesión abundaron las críticas sobre la ausencia de indicadores reales de medición del nivel del transporte.

Una de las voces opuestas a la revisión tarifaria fue la de Carla Cevallos, hasta entonces, una de las aliadas más fieles del alcalde Mauricio Rodas. La edil anunció su desafiliación del movimiento SUMA, presidido por Rodas, el 5 de julio.

Durante la oficialización de su separación, Cevallos se mostró decepcionada de la actual administración municipal y señaló que no está de acuerdo con proyectos como Quitocables y la compra de 80 buses biarticulados a diésel.

El alejamiento dejó al bloque cercano al alcalde con cinco integrantes y de ellos, únicamente un representante de su partido: Marco Ponce. Antes de ello, Ivone von Lippke, Sergio Garnica y Daniela Chacón se habían declarado independientes.

La reducción de la bancada oficialista pasó factura este jueves al Alcalde, cuando su propuesta de ordenanza no fue votada y regresó a la Comisión de Movilidad por no contar con el respaldo necesario para su aprobación: 11 votos, incluido el del alcalde (dirimente).

Dos años antes, el 2 de abril de 2015, la Alcaldía logró aprobar un alza en las  tarifas de taxis con 13 votos.

Luis Reina, concejal de Alianza PAIS (AP) responsabilizó directamente al Alcalde de la situación. Afirmó que este “no ha podido estructurar desde hace meses medidas que permitan a la ciudad tener un transporte de calidad y no permitir, por ello, el establecimiento de tarifas justas para los transportistas”.

Aclaró que cuando habla de tarifas justas no se refiere, necesariamente, a su elevación, sino al establecimiento de otras medidas; estas incluirían la posibilidad de mantener algún tipo de compensación como el que se entregó al gremio hasta el 30 de junio pasado.

Reina añadió que el Alcalde debe entender “que no puede contentar a todo el mundo, porque quien quiere contentar a todos, fracasa, no toma decisiones”.

Mientras tanto, el Darío Tapia, secretario de Movilidad, sostuvo que hoy empezarán las notificaciones a las empresas que no retornen a las actividades. Luego de ello, deberán correr los plazos correspondientes a la norma.

En tanto que Rodas exigió a los dirigentes transportistas deponer la paralización de actividades manera inmediata. De lo contrario, se iniciarán los procesos revocatorios de permiso de operación. (I)