Hasta 2011, en la capital operaban  8.810 taxis,   a los cuales se sumaron 4.707 mediante un proceso de legalización. Pese a ello, aún hay  2.500 propietarios que pugnan por  ser legalizados, según datos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Sin embargo,  el concejal Patricio Ubidia considera que    todavía no hay  una sobreoferta del servicio.

Explicó que los taxis  que actualmente circulan en  Quito lo hicieron por años, solo que ahora están regularizados, es decir, que no se trata de vehículos nuevos que ingresaron a la ciudad, por lo que su legalización no influye en la congestión vehicular.

El proceso de regularización empezó en  2011, con el registro de 18.000   taxistas, de los cuales solamente 11.943 presentaron la documentación   y   7.562  no aprobaron.

Según la Epmmop, más de 4.000 apelaron la decisión ante la Autoridad Administrativa y la Procuraduría Metropolitana. De ellos,  450 recursos aún están en revisión y se  prevé que hasta fines de este año esté concluido el proceso, con lo cual está abierta la posibilidad de legalizar a otros.
Para Ubidia, la legalización   es necesaria para contar con  un registro del tránsito de la capital y para garantizar un buen servicio, puesto que muchos usuarios  han sido víctimas de atracos,  de maltrato y de  cobros indebidos. “Antes la gente se subía a un taxi y no  sabía con quien viajaba, poniéndose en peligro, esto permite que el servicio sea seguro, pues están bajo una regulación”, reiteró el funcionario.

A pesar de la legalización, aún hay varios usuarios    que se quejan de la atención y de los precios que pagan por una carrera. Luis Salazar,  morador  del  barrio  San Martín de Porres, en el sur de la capital, cuenta que cada mañana que  intenta abordar un taxi para trasladarse a su  trabajo, cerca al parque La Carolina, los  choferes se niegan con la excusa de que, a esa hora,  el tráfico se caotiza y les toma más de 90 minutos atravesar la ciudad.

María Alejandra Toaquiza también se queja del valor que paga, pues considera que varios   taxímetros  están alterados. Comenta  que, generalmente,  cuando toma taxi desde  la Magdalena hasta la Villaflora, en el sur, le cobran hasta   $ 1,50 dólares, pero en ciertas ocasiones paga hasta $ 3.

Ubidia explica que esto será regularizado por la Agencia de Control de Tránsito que se creará cuando laa  competencia sea  asumida por el Municipio, en 2013.

“Se  han inscrito miles de taxistas   para prestar el servicio y ahora exigimos que sea de calidad. Si no lo dan se les quitará el permiso y se les otorgará   a quienes quedaron fuera del proceso, pero que también necesitan trabajar”, dice.

Para Alejandra Molina, el servicio que ofrecen  los taxis ejecutivos es “muy bueno porque  son más cordiales, más limpios y el taxímetro está bien medido”.

Andrea Mantilla utiliza el servicio de taxis la mayoría de las tardes   para llegar a su domicilio en Carapungo, al  norte de Quito, y asegura que en varias ocasiones ha sido tratada   groseramente, “normalmente porque no utilizan el taxímetro en la noche y cuando   les reclamo me dicen que me baje y me tratan de manera descortés”.

Según el concejal Ubidia, esto también será regulado por la Agencia de Control de Tránsito, ya que el taxímetro debe ser utilizado todo el tiempo, incluso en la noche,  las tarifas son las mismas.

Ante estos testimonios, un taxista, que no   reveló  su nombre, explica que en las noches “corremos  peligro”, razón por la cual   no se utiliza el taxímetro. “Nunca se sabe quién se sube, así  que debe valer la   pena el peligro que tenemos”, dice.

Mientras tanto, los  taxistas ejecutivos que insisten en la  legalización continúan esperando la resolución del Municipio. 

La semana pasada, más de 40 taxistas ejecutivos protagonizaron  una  huelga de hambre de dos días,  frente a las instalaciones de la Epmmop. Ellos apelaban a que sus peticiones sean procesadas con rapidez y que sus solicitudes sean nuevamente revisadas, pues consideran que hubo fallas en el proceso.

Germánico Pinto, gerente de la Epmmop, explicó que la entidad evaluará a los solicitantes de manera  técnica y en base a un informe se tomarán decisiones.