Los comerciantes autónomos capitalinos lograron ayer, entre otras cosas, que las autoridades del Cabildo se comprometieran a continuar con el proceso de regularización iniciado en la pasada Alcaldía.

Esto ocurrió luego de que más de una centenar de integrantes del gremio se reuniera en los bajos de la Municipalidad, para reclamar por supuestos abusos de funcionarios y policías metropolitanos.

María Chango, una ambateña que emigró hace unos 5 años a Quito, protestó por la retención del carro en el que prepara y vende maduros, en un hecho ocurrido hace 15 días aproximadamente.

La mujer denunció que además del trato violento del que habría sido objeto por parte de los uniformados, para recuperar su medio de sustento ahora le exigirían el pago de una multa que no está en capacidad de cancelar. “De dónde voy a sacar el dinero. Yo tengo que trabajar, pues tengo 3 hijos y mi esposo es una persona enferma”, reclamó.

La administración de Augusto Barrera inició un proceso de regularización de los vendedores informales del Distrito, que incluía su registro, capacitación e identificación.

Hasta mediados de mayo, 6.500 trabajadores autónomos habían sido censados y de ellos, unos 3.850 fueron formalizados mediante la entrega de permisos, vestimenta (básicamente chalecos identificativos de color azul) y capacitación.

Para los demás, entre quienes se contarían los comerciantes que se manifestaron ayer, el proceso no concluyó. En algunos casos, según el dirigente Carlos Reyes, solo se los censó. En otros también fueron capacitados y a otros más les faltaría por recibir sus identificaciones. En algunos casos, los permisos incluso ya habrían caducado.

Hasta tanto, los comerciantes no regularizados deberán efectuar censos propios y entregar esa información al Cabildo en los próximos 6 meses, contados desde hoy, en la Agencia de Comercialización.

Según María Ortega, presidenta de la Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha (Fecomip), recientemente personal del Municipio habría entregado comunicados en la ciudad, advirtiendo a algunos vendedores que no pueden continuar laborando.

Un ejemplo parecido fue lo que ocurrió el último sábado en el mercado de San Roque (centro), cuando funcionarios de la Administración Zonal Centro y de la Policía Metropolitana habrían anunciado a los comerciantes en las calles que ese era su último fin de semana.  

Ayer, representantes del gremio fueron recibidos por integrantes de la Comisión de Comercialización (órgano del Concejo Metropolitano) y por funcionarios municipales para hablar sobre la situación.

Tras el diálogo, los dirigentes anunciaron un compromiso de las autoridades para cesar la retención de las mercancías y de los implementos de labor de los trabajadores autónomos mientras duren las negociaciones.

Esto fue negado posteriormente por la comisaria de la zona centro Carolina Moreno, quien aclaró que no se aplicarán sanciones siempre y cuando los vendedores cumplan con las ordenanzas que rigen al sector.

Moreno dijo que, por ejemplo, hay comerciantes que utilizan puestos que no cumplen con las normas. Detalló casos en los que “se utilizan carritos de venta de 1,50 metros (m) de ancho sobre aceras de 2 m, entorpeciendo la circulación”.

La comisaria también aludió al uso indebido del espacio público. Esto en referencia al artículo 12 de la Ordenanza 280, referida a la venta en espacios públicos. Dicha norma establece que son zonas no permitidas para ese fin “áreas regeneradas de las Administraciones Zonales y el Centro Histórico de Quito”.

En tanto que la concejala Soledad Benítez (Alianza PAIS), presidenta de la Comisión de Comercio, dio a conocer otros puntos de acuerdo logrados tras la reunión de ayer.

Uno de ellos es el compromiso de la Agencia Metropolitana de Control, de su similar de Comercialización y de la Policía Metropolitana de privilegiar las medidas disuasivas ante las represivas y sancionadoras, para controlar el uso del espacio público en el Distrito.

Benítez y su colega Pedro Freire (SUMA-VIVE) acordaron plantear al Concejo Metropolitano la reforma del ordenamiento jurídico local en torno a los vendedores informales.

Propondrían que el comercio autónomo estuviese regido únicamente por la Ordenanza 280, por considerarla específica. La normativa especifica los tipos de comerciantes en fijos, semi-fijos, ambulantes, temporales y de transportación pública. Además estipula que los comerciantes deben renovar su permiso, portar una credencial y respetar el espacio asignado.

De acuerdo con la representante de AP, los vendedores también son controlados por la Ordenanza 201, más general y referida al uso del espacio público. Adicionalmente, la comisión revisará las sanciones que van desde los $ 10,2 hasta los $ 68 en casos de reincidencia.