La setedis hizo un estudio en 3 zonas del país
Imbabura, la provincia con mayor accesibilidad
Por primera vez en Ecuador, la Secretaria Técnica de Discapacidades (Setedis) efectuó un estudio para determinar las acciones inclusivas a nivel local. También se evaluó la accesibilidad en la educación y en el turismo.
Luego del estudio, que por esta vez solo consideró a 3 provincias, determinó que Imbabura es la más accesible para las personas con discapacidad.
En el análisis se incluyó a Pastaza en el Oriente y a Santa Elena en el Litoral. En las 3 zonas las personas con discapacidad física son aquellas con mayor accesibilidad.
Imbabura llegó a un nivel medio de accesibilidad con un 50%, mientras que Santa Elena y Pastaza presentan un bajo nivel, con 45% y 38%, respectivamente.
“No es un favor para las personas discapacitadas dotarles de una accesibilidad universal para que tengan mayor facilidad y cumplan con sus actividades; es una obligación de los organismos públicos y privados y de la sociedad en general”, comentó Álex Camacho, secretario de la Setedis (foto).
El funcionario añadió que con la accesibilidad no solo se favorece a las 373.177 personas con discapacidad, sino también a las 350 mil mujeres embarazadas anualmente, así como a 1’500 mil niños menores de 5 años y cerca de 1’100 mil adultos mayores.
“Hay actividades cotidianas que todos realizamos sin accesibilidad suficiente incluso para personas sin discapacidad”, dijo Camacho.
El estudio además incluyó un análisis de 150 establecimientos educativos a nivel nacional y se estableció que en términos generales presentan una accesibilidad de 63,45%.
Para lograr un porcentaje de accesibilidad mayor (más del 75%) se requiere de una inversión cercana a los $30’000.000, dinero a ser utilizado en la adaptación de viviendas, edificios más el despliegue de políticas de acceso educativo.
El director del Instituto de Normalización, Agustín Ortiz, mencionó que 6 normas de diseño universal de accesibilidad ya fueron oficializadas, pero que resta aplicarlas totalmente en las instituciones. “Creo que es necesario establecer la obligatoriedad de la implementación y dar un tiempo prudente para ello”, refirió Ortiz.