Los gobiernos provinciales de Pichincha e Imbabura suscribieron un Acuerdo de Delimitación Territorial el miércoles pasado en la Casa de la Juventud de Otavalo.

El documento validó la mediación iniciada en 2010 sobre 3 tramos de la frontera común, que equivalen a 31,19 km de longitud.

El titular del gobierno de Pichincha, Gustavo Baroja, explicó que aún queda por arreglar la situación en unos 114 km, que corresponden a la parroquia rural quiteña San José de Minas, por un lado, y el cantón Otavalo, por Imbabura.

No obstante, Baroja destacó que los alcaldes de Ibarra, Otavalo, Pedro Moncayo y de Cayambe hayan aceptado de forma unánime la resolución mediadora emitida por la Procuraduría al respecto. “De eso se trata. Aquí no estamos por pelearnos por un pedazo de territorio y entregar la vida por él.

Debemos más bien garantizar que ese territorio se pueda administrar mejor los recursos y cumplir con las demandas de la ciudadanía”, apuntó en referencia a los 768 diferendos de este tipo identificados dentro del país.

Respecto a la zona que aún resta por delimitar, Baroja apuntó que los técnicos de una y otra provincia se reunirán para estudiar los antecedentes históricos y geográficos y hacer una propuesta.

Los prefectos y los alcaldes involucrados se han comprometido a aceptar la propuesta que se elabore y esto podría estar finiquitado en un par de meses.

De la misma manera, los prefectos, Jimmy Jairala y Vinicio Coloma, de Guayas y Bolívar, respectivamente, firmaron el jueves un acuerdo de entendimiento que establece los procedimientos para la solución de sus conflictos limítrofes.

Con esto se prevé que inmediatamente comiencen a trabajar las comisiones técnicas de ambas prefecturas para identificar los sectores a negociar.

Según el documento, las comisiones tienen 30 días para elaborar un informe técnico, con datos cartográficos, históricos y jurídicos entre otros, que incluyan determinación de necesidades de obras y servicios en poblaciones en disputas.

Asimismo, deben presentar en menos de 60 días otro informe razonado con coincidencias y divergencias, que servirá de base para llegar a acuerdos parciales o definitivos. Mientras se negocia, tanto las Prefecturas como los municipios de las áreas de litigio pueden efectuar trabajos y prestar servicios, sin que eso signifique reconocimiento de pertenencia.