Galo Murgueitio tiene 65 años. Todas las noches, en el patio de su casa ubicada en el barrio de San Roque (Centro Histórico), prepara la fruta que venderá la mañana siguiente. La moviliza en un coche azul de madera, en donde a diario lleva 2 bandejas repletas con piñas, sandías y naranjas peladas.

Entra en su casa para mirar las noticias por televisión, pero primero coloca sobre una silla, junto al aparato receptor, su uniforme de labores compuesto por un mandil y una gorra azules, con los cuales acude todos los días, sin falta, a la intersección de las calles Chimborazo y Bolívar.

Galo forma parte de los 6.500 comerciantes autónomos que cuentan actualmente con un carné que los autoriza a ocupar algún espacio de la vía pública o que fueron reubicados en algún mercado o plataforma del Distrito. El proceso de regularización de los trabajadores autónomos emprendido por la pasada administración se inició en 2011 como un intento de inclusión de este sector social y control del espacio público por parte del gobierno local.

Tras ello, desde hace 3 años, es común observar a comerciantes en ciertos puntos de la ciudad portando uniformes. Se trata de aquellos que participaron en el proyecto.

Sin embargo, existe también la presencia de vendedores que no confiaron en el plan y de otros que se habrían integrado al comercio callejero en los últimos años, a juicio de Alioska Guayasamín, exdirectora de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio (ACDC).

Según datos de la actual Alcaldía, es necesario registrar y renovar permisos de 9.947 vendedores. Esta cifra no es el producto de un censo, sino de información recogida por personal de las 8 administraciones zonales.

El 28 de julio pasado, cientos de trabajadores autónomos se concentraron afuera del Palacio Municipal para exigir que se continúe con el proceso de regularización del sector y, además, para denunciar supuestos abusos de policías metropolitanos y funcionarios del Cabildo.

La reacción del gobierno local ante este hecho fue la instalación de mesas de diálogo entre representantes de los vendedores y funcionarios de la ACDC.

Uno de los temas abordados hasta el momento en las conversaciones ha sido la reforma a la ordenanza 280 que, según Andrés Zúniga, coordinador general de la entidad metropolitana encargada del control del comercio en el cantón, le resta potestad a esta en el control de las ventas en la calle.

“Con la actual ordenanza, la Agencia no podría ejercer control del comercio en el Distrito, pues esta función es compartida con las administraciones zonales y esto provocaba una falta de regulación. La Comisión de Comercialización (del Concejo Metropolitano) presentó el viernes (22 de agosto), el primer borrador de la reforma a la ordenanza. El cambio de la normativa ya fue socializado con federaciones y asociaciones de comerciantes de la ciudad”, comentó Zúñiga.

Adicionalmente, se plantea la identificación total de los vendedores callejeros hasta fines de 2014. En este proceso se prevé tomar en cuenta la ocupación histórica de los espacios reclamados y se dará preferencia a personas de la tercera edad y a mujeres embarazadas.

El Municipio busca de esta manera controlar el uso de los lugares públicos y completar los proyectos de reubicación de vendedores informales en las plazas comerciales cuya construcción inició, en unos casos, y previó, en otros, la pasada administración. Los espacios que se edifican están en el sector de La Michelena y el Comité del Pueblo y aquellos planificados son Quitumbe y Carcelén.

En el caso del Centro Histórico, se permitirá la presencia de un cierto número de comerciantes, especialmente de aquellos que tengan más de 10 años en la zona.

A partir de octubre, la agencia, en conjunto con Conquito, también emprenderá capacitaciones y el certificado de participación en los talleres sobre atención al cliente y economía popular y solidaría será uno de los requisitos para la entrega de carnés.

Luis Padilla es un comerciante autónomo que trabaja en la calle Lizardo Ruiz, en el sector de Cotocollao, donde es común observar durante las tardes a cientos de vendedores que ofertan sus productos.

Padilla, desde hace más de 4 años, vende ropa en ese punto en un pequeño quiosco que ocupa parte de la vereda y el portón de un edificio, a cuyo dueño paga $ 200. Añade que está al día con el pago de la patente, es decir, el permiso de funcionamiento que otorga el Cabildo a empresas y negocios. Al ciudadano le preocupa que desde hace 2 años ha aumentado en el lugar el número de comerciantes, que no pagan ese impuesto ni están agremiados. “A las 18:00, la vereda se llena de personas que no conocemos y venden nuestros productos a menor precio; eso nos perjudica y nadie controla esa situación”, comentó el socio de la Asociación 25 de Mayo, quien espera que las medidas anunciadas por las autoridades mejoren esta situación.

Rosa Toapanta (81), otra socia que vende cortaúñas, pilas, limas, peinillas, etc., dice: “A mí me consideran como la más longeva de la Lizardo porque trabajo aquí por más de 50 años. Siempre fue duro trabajar en la calle y solo espero, como la mayoría de mis compañeros, que en algún momento nos trasladen a un lugar digno y seguro”, comentó.

Sobre este tema, como se mencionó, la administración anterior dejó en marcha 2 proyectos que son las plazas comerciales de la av. Michelena (sur) y del Comité del Pueblo (norte). La primera tiene un avance del 85%, mientras que el segundo bordea actualmente el 90% de su construcción.

Alrededor de 250 trabajadores autónomos serían trasladados a esos lugares, que se preveía debían ser inaugurados hace unos 5 meses.

Este desfase en la entrega de la plaza del sector de La Michelena, se suma a otros que acumuló la alcaldía pasada, lo que genera dudas sobre el futuro del proyecto entre los comerciantes, quienes se extrañan de que el actual Alcalde aún no se haya pronunciado al respecto.

Carlos Vega, quien pertenece desde hace más de 10 años a la asociación ASPECO que opera en el sector, comentó que hace 2 meses, los concejales Mario Granda y Soledad Benítez, pertenecientes a la Comisión de Comercialización, les comentaron que se está analizando el proyecto, puesto que este necesitaría reformas.

Clemente Asanza, otro vendedor del sector, añadió que los comerciantes de la av. Michelena no se oponen a la reubicación, pero que sí necesitan que las autoridades les den garantías. Esto porque, aunque la construcción de los locales ha concluido, aún faltan las instalaciones eléctricas, sanitarias y de bodegas para garantizar la comodidad y la seguridad de los comerciantes.

Sobre este tema, en la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio se dijo que están a la espera de los informes técnico-jurídicos de las administraciones zonales sobre la ejecución de las obras, pues la institución detectó algunas fallas en los proyectos. Por ejemplo, en La Michelena, la agencia pidió el plano del proyecto original, puesto que la infraestructura deberá ser adecuada para los comerciantes.