“Los estudios para el dimensionamiento del parque automotor de taxis serán actualizados cada quince (15) años y sus resultados serán puestos en conocimiento del Concejo Metropolitano (...)”.

Eso determina el artículo 5 de la Ordenanza Metropolitana 177, aprobada por legislativo quiteño en julio de 2017 y que dio paso al proceso de regularización de taxis que concluirá este año.

En principio, se aprobó la legalización de 8.693 unidades, pero tras la reforma introducida en la norma el 4 de febrero pasado, 12.905 vehículos se integrarán al servicio en la capital.

Con ello, la cifra de taxis formalizados pasará de los 16.024 registrados en el estudio que permite el actual aumento a 28.929.
No obstante, en agosto de hace dos años, 17.000 personas se presentaron como candidatos para obtener una plaza.

Por eso y pese al incremento, miles de aspirantes a un cupo como taxistas deberán esperar, al menos, hasta el año 2034 para tener la posibilidad de postularse nuevamente.

Para ello, sin embargo, un estudio de oferta y demanda deberá determinar entonces la necesidad de más vehículos de alquiler en las vías quiteñas.

Mientras tanto, aquellos cuyas postulaciones no fueron aceptadas tienen claro lo que harán.

“Seguiré trabajando. Con el riesgo de que se me lleven el carro y hasta me encarcelen. No hay de otra porque tengo familia que depende de estos ingresos”.

Así lo dice Iván (prefiere omitir su apellido), un conductor que ofrece el servicio de taxirruta en un sector del noroccidente de Quito.

El hombre maneja un automóvil Chevrolet Sail que compró hace un año con la esperanza de constar en la lista definitiva de regularización de vehículos.

Iván dice estar consciente que el sistema de taxirruta no está legalizado en la ciudad. Sin embargo, sostiene que él y el resto de personas que ofrecen el servicio cumplen una función social.

“Suplimos la deficiencia del transporte normal y por eso la gente nos usa”. (I)