El Aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado en la parroquia rural Tababela (en el nororiente de Quito), cumplió 2 años de operación el 20 de febrero, tiempo en el que fue utilizado por casi 12 millones de personas.

La planificación del aeródromo arrancó en la década de 1960, a poco de inaugurado el antiguo aeropuerto, cuando se empezó a hablar de su traslado ante el previsible crecimiento de la capital hacia el norte. Por entonces, la Dirección General de Aviación Civil recomendó como futuro emplazamiento la meseta de Oyambaro-Puembo, en Tababela o Yaruquí.

Los 11 accidentes aéreos ocurridos en el sitio entre 1980 y 2012, los que dejaron 125 fallecidos, confirmaron la necesidad del traslado del aeródromo.

En las alcaldías de Rodrigo Paz (1988-1992), Jamil Mahuad (entre 1992 y 1998) y Roque Sevilla (1998 a 2000) se habló del proyecto, pero no hubo avances significativos.

Paco Moncayo llegó al gobierno de la urbe en 2000, siendo uno de sus ofrecimientos la construcción de la infraestructura.

En 2002, Moncayo llegó a un acuerdo con el Gobierno de Canadá, a través de la Canadian Comercial Corporation, para la construcción de las nuevas instalaciones.

La obra fue adjudicada a la Corporación Quiport, conformada por las empresas AECON, Airport Development Corporation (ADC), HAS Development Corporation (HAS-DC) y AG-CCR.

La edificación empezó en enero de 2006, en el segundo período de Moncayo. Su inauguración estaba prevista para 2010, pero a causa de demoras en la entrega de recursos  se postergó a 2011 y luego al año 2013.

La obra, sin embargo, afrontó críticas. La principal provenía de pilotos que decían que la ubicación era inadecuada por el clima y la orografía. Ernesto Checa, por ejemplo, aseguró en 2008 que la presencia del cerro Ilaló (11 kilómetros al sur) constituiría un riesgo para los aterrizajes. Pero hasta la fecha no ha habido percances.

Tras la inauguración, las objeciones no cesaron pues se criticaba que la vía Interoceánica fuese por entonces la única vía directa de llegada. Pero la Ruta Viva (Cabildo) y de la Ruta Collas (Gobierno) estaban en marcha y su conclusión, el año pasado, mejoró la conectividad.

Entre tanto, desde el inicio de su gestión, Augusto Barrera anunció la renegociación de los términos del contrato de concesión por considerarlos lesivos para la ciudad.

Con ese objetivo, el 18 de agosto de 2009, a pocos días de la asunción de Barrera, se produjeron las primeras reuniones con representantes de las entidades internacionales encargadas del financiamiento de la obra.

En octubre de ese año se conformaron 4 comisiones para llevar adelante el proceso. Este concluyó 10 meses más tarde y el  9 de agosto de 2010 se firmó la Alianza Estratégica entre el Municipio y Quiport, figura que reemplazó a la de concesión.

A través de las conversaciones, el gobierno local obtuvo una participación del 26% en los beneficios.

Adicionalmente, se logró que la ciudad reciba los recursos económicos que se generarán durante los 35 años de vigencia del contrato. Así, mientras el documento firmado por Moncayo establecía que la ciudad obtendría $ 295 millones como ingresos, la renegociación determinó que sean $ 878 millones.

Esto permitió que la pasada administración haya lanzado una emisión de acciones por $ 80 millones para financiar el Metro en base de los ingresos del aeropuerto.

Por otra parte, se determinó que los beneficios para la ciudad sean inmediatos, mientras el operador obtendrá réditos a partir de 2022.