El bloque de concejales de Alianza PAIS (AP) y los miembros de la Comisión de Uso de Suelo del Municipio de Quito presentaron -ayer- una denuncia para que la Fiscalía General del Estado investigue 281 casos de cambio de uso de suelo, aprobados sin la autorización del Concejo Metropolitano.

Según los ediles, supuestamente se alteraron documentos del Plan de Uso y Ocupación de Suelo (PUOS), aprobado el 18 de julio de 2016.

El plan tiene una vigencia de 5 años y funciona como un instrumento técnico de regulación normativa y de planificación territorial, que determina la edificabilidad y asigna usos al suelo: residencial, industrial o de comercio en las diferentes zonas. Asimismo, reconoce el uso sostenible de las áreas de protección ecológica y agrícola.

La concejala Susana Castañeda, coordinadora de la bancada de AP, explicó que fueron denuncias ciudadanas las que evidenciaron modificaciones en el PUOS. En Calacalí, por ejemplo, se cambió el tipo de uso de algunos predios a industrial; mientras que en Tumbaco, un área de gran expansión residencial, el cambio se hizo de rural a urbano.

Estos hechos preocupan a los concejales, ya que existiría una arrogación de funciones y competencias que violentan el marco normativo metropolitano.

Por ello, el 10 de noviembre de 2016, el bloque solicitó al alcalde Mauricio Rodas investigar los hechos. La petición se reiteró el 2 de mayo del presente año, sin obtener respuesta.

Posteriormente, el 31 de mayo, la Comisión de Uso de Suelo pidió un informe a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. En él se confirman los cambios realizados sin la debida aprobación.

Jacobo Herdoíza, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, respondió ayer que los procedimientos de trabajo para la actualización del PUOS se establecieron desde la Comisión de Suelo, en coordinación con la secretaría que él preside, a través de una matriz en la que se registran los cambios de polígonos o predios que tendrían un nuevo tipo de uso de suelo.

Aquello, según Herdoíza, demuestra que los concejales sí conocieron los cambios aprobados.

Sin embargo, reconoció que el informe presentado por la secretaría encontró 354 casos de variación de uso de suelo que estando en el PUOS no fueron reportados en la matriz evaluada, pero que están presentes en los mapas anexos al documento; 48 de ellos no fueron debidamente fundamentados.

El secretario de Territorio aseguró que no existió adulteración de informes de regulación de usos de suelo, pero sí la omisión de incorporación de los cambios en la matriz aprobada por el Concejo en 2016.

Por esto, la secretaría emitió un proyecto de ordenanza para revertir los cambios no autorizados en el PUOS vigente, validando 985 casos aprobados en primera instancia. Asimismo, señaló que se iniciaron las tareas necesarias para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios de la secretaría que consignaron los cambios sin fundamentación.

Ellos deberán presentar un informe que justifique los motivos de los cambios en los mapas de uso de suelo y su omisión en la matriz.

Los funcionarios podrían enfrentar sanciones de tipo administrativo, así como judiciales. (I)