El 19 de mayo, un grupo de concejales afín al alcalde Mauricio Rodas aprobó una resolución de rechazo la creación de la Superintendencia de Control y Uso del Suelo, que forma parte del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Los ediles y Rodas argumentaron que la propuesta contraviene el artículo 264 de la Constitución, que confiere la competencia del uso del suelo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Para los concejales de Alianza PAIS (AP), quienes votaron en contra de la resolución, hay motivos político-electorales detrás de su aprobación.

Los integrantes del bloque señalaron que la creación de la superintendencia permitiría controlar problemas de uso del suelo que existirían actualmente en la ciudad. Un ejemplo de ello sería la lentitud en la regularización de barrios desde mayo de 2014, según han denunciado vecinos de diversos sectores en repetidas ocasiones.

El 19 de mayo último, por ejemplo, vecinos del barrio 15 de Julio (al norte de Quito) realizaron un plantón frente a la Alcaldía para exigir que se complete la regularización y escrituración de sus propiedades. Los ciudadanos mencionaron que sus trámites llevan 7 meses estancados en catastros.

En 2014 y 2015, la administración de Mauricio Rodas redujo, en  las reformas presupuestarias, los fondos asignados para el tema de regularización de barrios.

En septiembre de 2014, la Alcaldía recortó en $ 429 mil el presupuesto asignado para la Unidad Especial Regula Tu Barrio, entidad encargada de este tema. Y un año después, la asignación disminuyó en $ 356 mil. Así, los recursos pasaron de los $ 1,4 millones previstos inicialmente a $ 1,07 millones hasta diciembre pasado.

Como producto de ello, entre mayo de 2014 y enero de 2016, la administración de Rodas había regularizado 40 barrios de 231 asentamientos pendientes.

En 2010 se realizó un censo para conocer cuántos sectores de la ciudad se encontraban en situación de irregularidad. Los resultados arrojaron que 500 zonas de la capital no se encontraban legalizadas.

En ese entonces se crea la unidad encargada del tema que, en 3 años, normalizó a unos 300 sectores.

La Alcaldía no ha realizado un nuevo censo sobre la irregularidad de asentamientos. Tampoco se estaría controlando la creación de nuevas urbanizaciones en zonas no autorizadas.

Integrantes de la Comisión de Uso del Suelo del Concejo constataron hace poco durante una inspección en el sur de la ciudad, la venta de lotes en áreas protegidas del volcán Pichincha y del cerro Atacazo.

Eduardo del Pozo (Creo), presidente de la comisión, señaló que el Cabildo desconoce con exactitud el número de asentamientos que existen en la ciudad. La bancada de AP cree que en la Alcaldía de Quito no existe la voluntad política para acelerar la regularización.

María Agusta Larco, arquitecta y urbanista, dijo que se han realizado esfuerzos importantes en Quito con respecto a la regularización de barrios desde hace 40 años. “Esto es un tema de voluntad política, pues en el Concejo se proponen instrumentos [...], pero las acciones políticas se deben dar en la lógica de responsabilidad del ejecutivo de la municipalidad”, aseguró Larco.

Varias medidas se tomaron al respecto del crecimiento urbano de Quito. En 2010, por ejemplo, el Concejo Metropolitano declaró como Patrimonio Natural, Histórico y Paisajístico a las laderas de esos macizos.

En 2011, se aprobó el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022 en el que se establecieron los límites hasta los que podía crecer la ciudad de forma horizontal y que se pretendían que fueren definitivos.

En 2013, el Municipio colocó postes de hormigón con el objetivo de delimitar la zona urbana. Hacia el norte se avanzó unos 6 kilómetros (km) y al sur 14 km.

Asimismo, en noviembre de 2015, el bloque de AP presentó a la Alcaldía un proyecto de Ordenanza Metropolitana que propone que el mejoramiento de los asentamientos humanos de hecho y consolidados sean declarados de interés social.

La Ordenanza ya fue analizada al interior de la Comisión de Territorio y Hábitat, pero, según la concejala María Luisa Maldonado (AP), los mismos integrantes del organismo legal ponen trabas normativas para que el proyecto pase a primer debate en el Concejo.

Con esta nueva ordenanza se prevé agilizar los trámites del proceso de regularización y que estos tomen como máximo 90 días. En la actualidad, el proceso puede tomar incluso años.

Para la concejala Susana Castañeda, también de PAIS, otro tema que tiene pendiente la Alcaldía es el análisis a profundidad de la situación de los barrios en los sectores rurales.

Por ello, según la edil, trabaja en una ordenanza especial sobre este tema destinado a la atención de esta temática en las parroquias del Distrito Metropolitano. (I)