La participación del alcalde Mauricio Rodas en las manifestaciones de oposición al Gobierno, realizada la semana pasada en la Tribuna de Los Shyris, captó la atención de los concejales de Alianza PAIS y Suma-Vive. El edil Luis Reina  llamó al diálogo independientemente de las posturas políticas. “Como concejales metropolitanos debemos invitar al cumplimiento y al respeto del estado de derecho”, agregó.

Su colega y aliado Mario Guayasamín dijo que si se analizan las expresiones de la legisladora Gina Godoy, también se debería  rechazar la conducta de ciertas personas que se refieren de manera agresiva, en referencia a las declaraciones de Rodas, quien no descartó convocar a nuevas manifestaciones contra del régimen. Carlos Páez (PAIS) pidió que las protestas sean pacíficas, frente a un Estado constitucional y democrático.

Mientras, la vicealcaldesa Daniela Chacón (Suma-Vive) expresó su apoyo a las manifestaciones ciudadanas en un ambiente de paz. Lo dijo antes de presidir la sesión, pues Rodas abandonó el pleno al parecer para viajar a Guayaquil a reunirse con Nebot.

Sin embargo, los 9 concejales de Suma-Vive (con el voto dirimente de Chacón) aprobaron una resolución que respalda las marchas ciudadanas y que condena las declaraciones de Godoy. Además se solidarizaron con el edil Antonio Ricaurte, quien fue acusado en días pasados de golpista.

En tanto, un total de $ 4’158.000  desembolsará el Municipio de Quito en el primer trimestre de fiscalización del transporte urbano. La cifra es parte de los $ 21 millones que el alcalde  comprometió al “modelo de compensación monetaria” para los transportistas urbanos, en enero de este año, para no elevar las tarifas.

Darío Tapia, secretario de Movilidad, presentó ayer el informe sobre Ejecución, Control y Fiscalización para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio de Transporte Público. A criterio del funcionario, este sistema permitió localizar y detectar los problemas del servicio.

De acuerdo al informe, en la capital operan 2.835 unidades de transporte público, distribuidas en 47 operadoras. De estas, 26 están en categoría A, es decir, cumplen los parámetros como la caja común.  

Tapia explicó que 32 parámetros (resumidos en 9) fueron considerados para determinar si los conductores merecen recibir la compensación trimestral: $ 1.000 para buses que cumplan las normas de calidad y $ 400 para las unidades en proceso de mejora, pero no detalló en qué consistió el método de evaluación.  Dijo que el 10% de unidades registró informes no viables, el 25% no cumplió la revisión vehicular, el 19% tiene denuncias de mala atención a los usuarios, mientras que el 8% no consta en el listado de la Secretaría de Movilidad.

Tapia agregó que el 18% presentó documentos caducos y el 20% no acudió a la fiscalización por varias causas: chatarrización, en mecánica, dañadas o retenidas. Según el funcionario, la fiscalización basada en los estándares de calidad permitió ahorrar $ 1’185.000.

Ante esos resultados, el concejal Jorge Albán exigió que se explicaran los mecanismos de control. “No tengo claro los indicadores en la identificación de los vehículos para la entrega del subsidio”, expresó, tras apuntar que el tema es complejo y debe crearse un monitoreo sistemático.

“Hay que recordar que la caja común que se estableció en la anterior administración no estaba atada a la entrega de un subsidio. Era una exigencia normativa del Municipio, no como un factor para entregar una compensación”. (I)