Aunque desconocen cuántos barrios existen en el país  y apenas dicen  representar a 100, en  Quito, la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador  (CUBE), liderada  por la militante del MPD  Natasha Rojas,    tendría cobertura     nacional, según sus estatutos.

En el documento constan, como parte de sus objetivos:    luchar junto a otras organizaciones del país por el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos del Ecuador; implementar relaciones internacionales y definir una política de apoyo y solidaridad entre todos los pueblos hermanos, en defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos; y luchar por la satisfacción de las necesidades sociales y de infraestructura de los barrios y sus moradores.

Rojas asegura que  el cumplimiento de esos planteamientos se hace a través de propuestas; la última se habría entregado en noviembre pasado a la Asamblea Nacional para la regularización  de barrios  a nivel nacional, mediante una reforma al Código de Organización Territorial. “Es un drama social,  existen miles de  barrios irregulares en el Ecuador”, afirma y considera que la “movilización es el único  mecanismo  para exigir  derechos”.  

Para Luis Esparza, director metropolitano de participación,  la Municipalidad respeta a las organizaciones,   pero su forma de trabajo es  directa  con  la comunidad. “Creemos en la participación y el fortalecimiento de la organización social, pero  esta  no puede ser utilizada en términos clientelares y politiqueros”, agregó.

Siendo uno de los fines  de la CUBE  la asesoría legal,  José Patiño,  miembro del tribunal electoral de la ciudadela El Paraíso,  en Cuenca, pidió el apoyo de la organización para mediante   un proceso democrático  cambiar la  directiva. Su solicitud, realizada hace más de 18 meses,  aún consta en el portal web de la entidad, pero Rojas nunca la atendió. 

Al respecto, la dirigente asegura que “solo representa a los barrios afiliados”, por lo que si alguno tiene un problema particular, debe solicitar la acreditación a la CUBE para contar con su respaldo.

Algunos  dirigentes barriales, que actualmente tienen problemas de legalización de tierras,  aseguran que no han recibido asesoría legal de  dicha organización, porque no estaban enterados de su existencia, a pesar de tener una   representación nacional.

El barrio El Dorado,  que desde hace 15 años lucha por obtener sus escrituras, al momento lleva adelante un proceso  judicial, con el auspicio del Municipio de Quito, en  contra de un presunto traficante de tierras, pues el   presidente del comité barrial,  Gonzalo Tandazo,    “no conocía   de la CUBE” y tampoco ningún representante de esa organización les ha ofrecido ayuda.  

Manuel Moya, secretario de la CUBE,   reiteró  que “no se puede representar a  todos los barrios, porque la ciudad es muy grande”.

Y sin la intervención de esa entidad, Esparza   informó  que  en  el 2011 se contabilizaron 600 barrios ilegales, de los cuales 166 ya fueron regularizados en el último  año a través del programa “Regula tu Barrio”.

Luis Robles, presidente del comité barrial de Atucucho, ubicado en el noroccidente de la capital, cuenta que fue legalizado después de  20 años sin contar con el apoyo de la   CUBE, porque, a pesar de conocerla, resolvieron  no   afiliarse ya  que no tenían intereses políticos sino de obtener la legalización de sus escrituras y conseguir  mejoras para el barrio. Ahora Robles  es   quien asesora a ocho barrios vecinos para que también obtengan sus escrituras.

La presencia  de la CUBE es casi nula en los barrios legalmente constituidos. Guido Panchi, presidente del barrio Santa Rosa - III Etapa, en el sur de Quito,   contó que en su sector tienen problemas con la  inseguridad, pero desconocía de la existencia de un organismo nacional que represente a los barrios. Por eso, sus aliados son    la Policía Nacional y la Administración Zonal  Quitumbe.

Según Rojas, su función como representante nacional de los barrios es  apoyarlos    con  asesoría legal   y la gestión con las autoridades locales para la dotación de   servicios que,   a su criterio,  las municipalidades han descuidado.

Cuestiona  que “el Gobierno   gaste cerca de 500 millones de dólares en publicidad, alimentos, bebidas y otros asuntos cuando  debería entregar ese dinero para   obras  como alcantarillado”, pero al ser consultada sobre el financiamiento de la CUBE, respondió: “Somos un ente sin fines de lucro”.

La  designación de la directiva y  su período de trabajo  tampoco está  claro, pero tienen previsto un congreso “nacional” para mayo próximo.