El Municipio de Quito no estaría en condiciones de asumir la planificación, regulación y control del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a partir de mayo próximo. Así lo dijo el alcalde Augusto Barrera al titular del Consejo Nacional de Competencias, Fander Falconí, en una carta enviada el 12 de abril, a la que tuvo acceso este diario.

Es una de las competencias que los municipios de Guayaquil, Quito y Cuenca deben asumir de acuerdo a la Resolución 006.CNC-2012 publicada en el Registro Oficial del 29 de mayo de 2012. De ellos, solo Cuenca asumió ayer esta competencia.

El documento señala que pese a los esfuerzos realizados por el Municipio de Quito desde  2011, “persisten una serie de dificultades que no se han subsanado por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)”. Cita como ejemplo que no se han transferido los recursos correspondientes a este año, por lo que el Cabildo ha buscado financiamiento de otras fuentes para la asunción de esa competencia.

También cuestiona el proceso de matriculación vehicular que actualmente está a cargo del Municipio, que debía ejecutarse sobre un sistema informático provisto por la ANT -de acuerdo a los artículos 13 y 26 de la citada resolución-, pero “ha sido un constante problema al punto de que en la actualidad se ejecutan los trámites en la antigua plataforma SITCOM, heredada de la Policía Nacional, habida cuenta de las serias limitaciones del nuevo sistema ANIS que la ANT venía impulsando”.

Por otro lado, Barrera advierte a 48 días de cumplirse el plazo para asumir el control del tránsito, que la ANT no ha iniciado el proceso de acreditación de los agentes de tránsito -requisito indispensable-, pese a que el Cabildo ha formado a 1.002 agentes (entre hombres y mujeres) que ya brindan su apoyo en los operativos en la vía pública y que  305 aspirantes culminarán el curso este mes, llegando a contar con aproximadamente 1.450 agentes.

Por otro lado, asegura que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no ha gestionado la  asignación de 15 millones de dólares requeridos para la implementación del sistema de semaforización centralizado, como una herramienta fundamental para el control del tránsito.

Con esos argumentos el alcalde notificó a Falconí que se trata de “condiciones básicas”  que la ANT, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte han incumplido, por lo que solicita “iniciar de manera inmediata un proceso de transición que garantice que las competencias transferidas al Municipio de Quito sean asumidas en óptimas condiciones”.

Y en base a la resolución del Consejo Nacional de Competencias de mayo del año pasado, se disponga a las carteras de Estado antes mencionadas la “tranferencia de los recursos,   de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley” para que el Cabildo pueda asumir el manejo del tránsito “en los plazos y cronogramas ajustados a la realidad del proceso”.

En agosto del año pasado, el secretario de Movilidad, Carlos Páez, dijo a la Agencia de Noticias de Quito que los costos de operación anual de la Agencia Metropolitana de Tránsito alcanzarían los 26 millones de dólares. De ellos, 20 millones se destinarían a sueldos del personal, de la gente que se encargará de los temas de matriculación, ventanilleros, atención al público, call center, entre otros. A ello se sumarían los gastos de uniformes, mantenimiento de vehículos, comunicación, seguridad, equipos básico, entre otros elementos.

Esos recursos, precisó el funcionario, saldrían de lo que se recaude por matrículas, más una parte del fondo que creó el Gobierno Nacional para los cantones, que llegaría a  alrededor de 17 millones de dólares para Quito. Mientras que los ingresos recibidos por el cobro de multas por infracciones  se destinarían a inversión. Los desembolsos se efectuarán según los proyectos de inversión, indicó Páez.