En la actualidad es frecuente utilizar el término “sostenibilidad” para hacer referencia a varios procesos sociales. El término en realidad alude a las características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.

Yendo un poco más allá, este término se lo usa con mayor frecuencia para relacionarlo con un recurso estratégico de la humanidad, la energía, es así que se ha acuñado el ideal de “sostenibilidad energética”, que el World Energy Council (WEC), define como el equilibrio entre tres dimensiones principales: la seguridad energética, la equidad social, y la mitigación del impacto ambiental.

En Ecuador se han realizado varios esfuerzos para contar con un Marco Regulatorio que permita llegar a una sostenibilidad energética real, que vaya más allá de las referencias teóricas que encontramos en artículos de revistas o en la  visión idealizada de futuro establecida por propuestas tecno políticas.

La Constitución de la República de Ecuador en el artículo 413 establece: “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables diversificadas, de bajo impacto, que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas y el derecho al agua”.

De igual manera, la Asamblea Nacional hace pocos días aprobó la Ley de Eficiencia Energética, que ya ha sido publicada, y cuyo objetivo es trabajar en una mayor eficiencia en el uso de los recursos energéticos que permitirá al país bajar los índices de contaminación, reducir costos y ganar competitividad, mediante el uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias, con la puesta en marcha de este Ley se lograría la optimización de los recursos del país; ya que, la misma busca impulsar la reducción del uso de energía no renovables, como gasolina y diésel que en la actualidad son subsidiadas por el Gobierno.

Esto representaría un ahorro económico para el país muy significativo, al reducir los costos de operación, minimizando el consumo de combustibles, mejorando las condiciones ambientales, lo que se traduce directamente en disminución de enfermedades respiratorias y el incremento de la productividad de la población.

Sin embargo, para que esta Ley surta el efecto deseado, se debe fomentar la eficiencia energética como un valor cultural, desde una visión socio-técnica que incluya el cambio de patrones sociales desde la enseñanza inicial y media, implementando en las mallas curriculares criterios de eficiencia energética y su aplicación en todos los aspectos de nuestra vida diaria. (I)

María de los Ángeles Sancho
Directora de Asesoría Jurídica del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE)