El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento del Pacto del mismo nombre, concibe a la educación como un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos, superar la pobreza, impulsar la participación social, emancipar a grupos históricamente excluidos, proteger a la niñez y adolescencia, profundizar la democracia; en fin, formar personas y sociedades instruidas, activas y críticas.

Ecuador en 2008 asumió como un deber estatal ineludible e inexcusable, garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales; en particular, la educación como un derecho de las personas a lo largo sus vidas. Este mandato dispone que el Estado debe respetar, proteger frente a terceros y cumplir el derecho a la educación, es decir facilitar y proveer medidas y recursos para su pleno ejercicio. El mercado y sus actores pueden participar de este proceso, pero respetando los estándares y regulaciones que el Estado y la comunidad internacional establezcan.

Nuestro país ha evolucionado en la materia. A finales de los años 90 e inicios del 2000, cuando primaba la concepción económica neoliberal y la perspectiva mercantil de la educación se expresaba en la política pública, según datos del INEC avalados por Unicef, 35.000 niños y niñas menores de cinco años asistían a un centro de cuidado y educación inicial; mientras que en 2013, cerca de 280.000 asistieron a los servicios de desarrollo infantil.

Respecto a la universalización de la educación primaria, pasó del 89,1% en el año 2000 al 96,5% en 2013; acompañada de políticas que incluían la alimentación escolar que permitió que de 1.3 millones de beneficiarios, aumente a 2.1 millones; y la prohibición del cobro de la matrícula y entrega de textos escolares gratuitos en instituciones públicas o apoyadas por el Estado; por otra parte, la tasa neta de asistencia a secundaria en el año 2.000 fue de 60,1% y en 2013 aumentó a 81,3%, siendo notorio en el sector rural, pues creció del 40,9% al 72,2% en el mismo período.

Estos cambios expresados en estadísticas han estado acompañados de la actualización curricular, estándares de calidad, procesos de evaluación y revalorización estudiantil y docente, así como mejora del aprendizaje a nivel de América Latina; pero existen retos tales como el modelo de gestión de educación intercultural bilingüe, servicios educativos para personas con discapacidad, desarrollo de estrategias para promover la equidad de género, contra el maltrato infantil y el abuso sexual; todo lo cual será posible si apostamos por la democracia social y sustancial en la educación, frente a aquellas propuestas que pretenden regresar a la democracia mercantil, empresarial, de competencia y lucro. La decisión es nuestra. (I)