Al grupo ecologista Yasunidos le preocupa la posible licencia que pueda otorgársele a la empresa Petroamazonas para realizar labores en el campo Ishpingo. Por ello, un grupo de activistas acudió ayer al Ministerio del Ambiente y solicitó que se niegue tal petición.

Los activistas fueron recibidos por el subsecretario de Ambiente, Jorge Oviedo; y funcionarios de la cartera de Estado. Entre sus argumentos consideraron que la empresa petrolera pretende explotar el campo Ishpingo, que es parte del bloque 43, que incluye Tambococha y Tiputini, en el área del parque nacional Yasuní, localizado entre las provincias de Pastaza y Orellana.

Pablo Piedra, integrante del colectivo, manifestó que del estudio de impacto ambiental difundido por Petroamazonas la semana pasada, estima construir 280 pozos petroleros dentro de la franja de amortiguamiento de la zona intangible, donde está prohibido cualquier tipo de actividad extractiva.

Aseguró que es un espacio territorial donde el mismo estudio señala que existen pueblos aislados, “además del profundo daño al ambiente que se ocasionaría a la zona que contiene humedales que sirven como proveedores de agua”.

Por este motivo los ecologistas aclararon que en ejercicio “de su derecho de petición, consagrado en al artículo 66, numeral 23, de la Constitución, se acercaron a la entidad para denunciar los hechos que, a su criterio, ponen en riesgo  a las comunidades indígenas de los pueblos aislados y la naturaleza”.

El reclamo se activó luego de que el Ministerio del Ambiente publicara en su página web el borrador del estudio de impacto ambiental y plan de manejo para la fase de desarrollo y producción del campo Ishpingo Norte, para la construcción de 10 plataformas de 35 pozos cada una, desarrollado por la consultora Energy and Environmental Consulting, que contiene un anexo cartográfico con 47 mapas.  

El activista Manuel Bayón acotó que del análisis de esa información constataron que alrededor de 280 pozos,  conformados en 8 plataformas, estarían ubicados dentro del área de amortiguamiento, “una de ellas (plataformas) colinda directamente con la zona intangible Tagaeri y Taromenane”.

Además los pozos se levantarían en sitios de extrema fragilidad y alta biodiversidad, ya que 3 se ubicarían en zonas inundables de baja frecuencia y 6 en áreas permanentemente inundables.

Alicia Cahuilla, de la nacionalidad huaorani, residente del Yasuní, se mostró en contra de la explotación petrolera. “En este tiempo nunca hemos recibido beneficios y, por el contrario, nuestras fuentes de agua están contaminadas, no tenemos desarrollo, no hay hospitales ni medicinas, los animalitos se han ido”, manifestó.

Paola Martínez expuso que la explotación en estos sitios es ilegal, ya que el artículo 57 de la Constitución prohíbe la actividad extractiva en territorios de pueblos en aislamiento voluntario, por lo que se debe negar la licencia ambiental.

Enfatizó que deben suspenderse los procesos de socialización del proyecto entre las comunidades cercanas, para impedir que se entorpezca el procedimiento de la consulta popular que impulsa el presidente Lenín Moreno, quien agregaría una pregunta sobre el tema ecológico.

El subsecretario del Ministerio del Ambiente, Jorge Oviedo, tras escuchar al grupo ecologista explicó que los criterios presentados son valederos, por lo que analizará sus preocupaciones.

Recordó que la adjudicación de la licencia ambiental, que es una obligación previa a la explotación petrolera, recién está en su fase inicial y que falta mucho tiempo para culminar con todos los procesos reglamentarios. Aclaró que el gobierno comparte algunas de las preocupaciones planteadas en la reunión y que las observaciones son también una mejor perspectiva de lo que sucede, por lo que “vamos a revisar los cuestionamientos, así como los estudios de impacto”.

Esteban Falconí, asesor jurídico del Ministerio del Ambiente, recordó que el Gobierno ya trabaja con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en el tema del extractivismo y la consulta previa a las comunidades.   

“Esta postura de diálogo y rectificación del gobierno es genuina, pero es un proceso complejo que está empezando”, recalcó. (I)

DATOS

Petroamazonas considera que el campo Ishpingo norte puede producir 164’200.000 barriles de crudo, e Ishpingo Sur 309’800.000 barriles.

Antes de iniciar estas acciones la ley determina que se debe obtener una licencia de explotación ambiental, la cual se encuentra en proceso de adjudicación en el ministerio del ramo.

Actualmente Petroamazonas desarrolla el campo Tiputini, parte del Bloque 43- Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT). La producción de Tiputini es cercana a los 51.000 barriles diarios de petróleo.

El art. 57 de la Constitución señala que en los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario está prohibida toda actividad extractiva y el decreto ejecutivo 2187 prohíbe obras de infraestructura en zonas de amortiguamiento.