La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) pidió disculpas públicas al grupo ambientalista Yasunidos, que en 2014 recolectó firmas para oponerse a la extracción de crudo en una zona del Parque Nacional Yasuní, una reserva de la biosfera ubicada en la Amazonía ecuatoriana.

Mediante un comunicado, la DPE admitió su falta de actuación oportuna frente a una denuncia presentada por Yasunidos y su posterior silencio frente a la negativa de las autoridades ecuatorianas de aceptar una consulta popular sugerida por el grupo ecologista para impedir la extracción de crudo en el Yasuní.

En ese año, el colectivo Yasunidos recogió unas 760.000 firmas de respaldo para convocar a una consulta popular por iniciativa ciudadana, con el objetivo de evitar la extracción de petróleo en el bloque 43 conocido como Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).

La petición fue negada en ese año por el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el argumento de irregularidades en muchas de las firmas de respaldo recogidas.

Ahora, la Defensoría del Pueblo sostiene que debió respaldar la propuesta del grupo ambientalista y que, como medida de reparación integral, reconoce su derecho a efectuar propuestas de ese estilo como organización defensora de la naturaleza.

La DPE recordó que este es uno de los 59 casos que fueron presentados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t) y que la Defensoría, pese al tiempo transcurrido, debe pronunciarse.

También reconoció que debe cumplir con la obligación de requerir a las instituciones competentes acciones conducentes a reparar los derechos humanos que hayan sido vulnerados.

La institución nacional de derechos humanos exigió al Consejo Nacional Electoral que realice una auditoría independiente al proceso administrativo de verificación de firmas presentadas el 12 de abril de 2014, con la vigilancia de Yasunidos.

Asimismo, la DPE apeló ante los ministerios del Ambiente, de Hidrocarburos y del Interior, así como ante la petrolera estatal "Petroamazonas", para que se abstengan de tomar acciones que supongan interferir con la propuesta del colectivo ecologista, hasta que el caso haya concluido y sea resuelto por el CPCCS-T y el CNE.

El expediente está en manos de la institución electoral y, si se verifican las posibles vulneraciones de derechos. El CNE debería disponer las acciones necesarias para efectuar una convocatoria a consulta popular por el tema presentado por Ysunidos, sostiene el escrito de la Defensoría. (I)