En el bloque de Alianza PAIS sobreviven minibloques que inciden en sus decisiones en la Asamblea. Eso lo reconocen sus integrantes cuando las grabadoras se apagan.

PAIS es la bancada más grande de la Asamblea y esas fracturas conspiraron, por ejemplo, para que no se defina el pedido de destitución de su antigua aliada Sofía Espín, hoy parte del bloque de Revolución Ciudadana.

La noche del jueves pasado, Espín y sus compañeros apuraban por la votación que definiera si dejaba o no su curul. Ellos sabían que no existían los 91 votos para hacerlo.  

Entonces, María José Carrión (Alianza PAIS) lanzó un salvavidas para dar más tiempo al pleno. Ella dice que esa no fue su intención y su moción era para dar la oportunidad a Espín de presentar las pruebas que, supuestamente, no pudo hacerlo durante la indagación.

Carrión no esconde las grietas en la bancada de PAIS. Lo mismo dice su compañero de bancada Daniel Mendoza. Ambos aseguran que debe existir un proceso de sinceramiento dentro de la bancada y transparentar sus posiciones. “Al final el pueblo está viendo”, dice Carrión.

Mientras que, Mendoza decía que es importante que en la próxima reunión por lo menos deben estar presentes todos los miembros del bloque y no salirse del pleno.

Los dos coinciden en que será complicado obtener los 91 votos para separar a Espín de su curul, aunque no lo descartan.

Pero no solo Alianza PAIS vive el rebote de la decisión del caso Espín. En el Bloque de Integración Nacional (BIN) no saben por qué Fernando Flores, asambleísta de CREO, presentó la moción para que se destituya a un legislador con solo 91 votos.

La resolución que entregó el Consejo de Administración Legislativa (CAL) indicaba dos alternativas y ninguna era por los 91 votos como requisito.

Raúl Tello, integrante del BIN, reconoce que será complicado que se sumen los 91 votos. “Espero equivocarme, pero la próxima semana tampoco habrá los votos”.  

Para el bloque de la Revolución Ciudadana no se debe debatir si existen o no los 91 votos para separar a un legislador. El bloque considera que no hubo un debido proceso.   

Lira Villalva recalca que el pleno aceptó implícitamente esa violación al pedir que la legisladora Sofía Espín presente nuevas pruebas a su favor. Así el caso quedó pendiente hasta la próxima semana para su votación. (I)

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Exprocurador se defendió en Comisión de Fiscalización

Diego García, exprocurador del Estado, tardó tres horas para presentar sus pruebas de descargo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Él empezó su defensa asegurando que hubo un error al aceptar la denuncia de la legisladora independiente Mae Montaño. Su argumento fue que la querella se basó en hechos que, de acuerdo con la legislación, no podían ser considerados como causales para un juicio político, porque su límite de tiempo ya terminó.

El exprocurador recalcó que no incumplió sus funciones durante la defensa del Estado en el juicio por la red de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y en el cual estaba acusado el entonces vicepresidente Jorge Glas.

García aseveró que tampoco avaló el retorno al país de Odebrecht luego de que fue expulsada en 2008. Asimismo, sostuvo que no violó la ley al pronunciarse sobre la permanencia de las autoridades electorales a inicios de año y que sirvió para ejecutar la consulta popular de febrero pasado.

Ahora, la Comisión de Fiscalización deberá analizar las pruebas de cargo y descargo y tomar una decisión. (I)