El presidente Rafael Correa adelantó parte de los temas que se plantearán en el segundo paquete de enmiendas constitucionales que será enviado a la Asamblea Nacional en las siguientes semanas. La exposición la realizó durante un conversatorio con periodistas efectuado el martes en Guayaquil.

Uno de los cambios sería al segundo inciso del artículo 7 de la Constitución, que trata sobre la nacionalidad de las personas nacidas en el extranjero, que sean de padre o madre ecuatoriana. Allí se indica que son ecuatorianos por nacimiento “las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad”.

Según explicó el canciller, Ricardo Patiño, los hijos de los migrantes, sobre todo de los que residen en España, no pueden obtener la nacionalidad de ese país porque la Carta Magna ecuatoriana les otorga directamente la nacionalidad. Esto ha sido un pedido hecho por el colectivo a las autoridades ecuatorianas. “Estamos haciendo un cambio para que a los 18 años puedan optar por la nacionalidad que quieran”, expresó el Jefe de Estado.

Otra enmienda planteará que los asambleístas que sean nombrados como ministros o secretarios de Estado, una vez concluida dicha función puedan retomar sus actividades en el Legislativo, informó el sitio web oficial ElCiudadano.com.

En este período se han dado estos casos. Paco Velasco, por ejemplo, resultó electo asambleísta por Pichincha, pero antes de su posesión fue designado Ministro de Cultura. Meses después dejó su cargo, pero ya había renunciado a su curul.

La legisladora por la misma provincia, Paola Pabón, también dejó el Parlamento para ocupar la Subsecretaría de Gestión Política. En cambio Fernando Cordero dejó su puesto como asambleísta nacional para primero dirigir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y luego el Ministerio de Defensa, donde está actualmente.

Asimismo, el Jefe de Estado mencionó que otro cambio a la Constitución consistiría en que los secretarios de Estado y los miembros del directorio del IESS sean sujetos de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, debido a que manejan importantes cantidades de dinero.

Además, otra de las reformas que proponen es contar con Cortes de Justicia a nivel regional, mas no provincial, pues se considera que existe duplicación de funciones.
En ese sentido, el Primer Mandatario busca cambios a nivel administrativo de la Judicatura, a fin de optimizar recursos, dando la posibilidad de que se implementen cortes superiores regionales, dependiendo de la población, y no provinciales como actualmente establece la ley.

Sería un esquema parecido al que aplica la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en la Función Ejecutiva. Los ministerios y secretarías de Estado están divididos por zonas, que agrupan a las provincias.

Un debate sobre la distribución territorial del país se hizo en Montecristi, donde se elaboró la actual Carta Magna. En esa ocasión se propuso una división horizontal del país de manera que se juntaban provincias de la Costa, Sierra y Oriente, pero nunca se aprobó ese esquema.

Lo que sí pasó fue la creación de regiones, pero la Constitución lo dejó a la voluntad de las autoridades locales y puso un plazo máximo de 8 años. Ese tiempo quedó eliminado en las enmiendas aprobadas el 4 de diciembre pasado.

Otra enmienda consistiría en separar a los reos de acuerdo con el nivel de peligrosidad. El objetivo sería que las personas sentenciadas por delitos menores no estén junto a los delincuentes considerados de alta peligrosidad.

El Primer Mandatario pidió a la ciudadanía rechazar la “politiquería de ciertos opositores al Gobierno”, pues las enmiendas constitucionales que se proponen corresponden a cambios técnicos.

“Hagamos lo que hagamos, así cambiemos una coma, van a hacer todo el show de siempre, porque su estrategia no es proponer absolutamente nada, sino oponerse a todo, todo el tiempo, para causarle el mayor costo político al Presidente”, señaló.

Una vez que esté definido el proyecto final, deberá ser enviado a la Corte Constitucional. Los magistrados decidirán el trámite a seguir, que puede ser en la Asamblea, vía consulta popular o Constituyente. El Gobierno aspira a que sea en el primer caso, por lo que la aprobación tomará más de un año. (I)