El exjuez ecuatoriano Alberto Guerra, convertido en testigo clave a favor de Chevron dentro del juicio entablado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por la compañía estadounidense en contra de los afectados por la contaminación petrolera en la Amazonía y sus abogados, admitió durante una audiencia haber “exagerado” al informar a la transnacional sobre los presuntos sobornos.

Así lo recogió la prensa local de Nueva York y varios medios digitales que siguen las incidencias del juicio que inició el 15 de octubre pasado, el cual, bajo la Ley Federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), procesa a los afectados ecuatorianos y a sus abogados, entre ellos el jurista estadounidense Steven Donziger, como si fueran mafiosos o una organización delictiva que supuestamente busca extorsionar a la compañía.

Chevron entabló el juicio en Nueva York y otras instancias judiciales internacionales para frenar la ejecución de la sentencia de la Corte de Sucumbíos, que en 2011 la condenó a pagar $ 19.000 millones de indemnización por el daño ambiental y a la salud humana, ocasionados por la explotación antitécnica de petróleo y la falta de remediación.

Guerra fue el primer juez de la Corte de Sucumbíos en conocer el caso, pero finalmente la sentencia la emitió el juez Nicolás Zambrano.

Sin embargo, Guerra asegura que la sentencia se redactó fuera de la Corte y que los abogados de los demandantes le ofrecieron $ 500 mil por ayudarles en ello. Donziger niega haber participado en algo ilegal en Ecuador y afirma que la sentencia es válida y que Chevron es quien se valió de esas tácticas.

Donziger plantea que Guerra llegó a un acuerdo con Chevron mediante el cual la compañía convino en pagar al exjuez $ 326 mil, hasta el 2015, a cambio de su testimonio.

Según un convenio consignado en el tribunal, la compañía con sede en San Ramón (California-EE.UU.) estipuló que brindaría a Guerra, durante dos años, la suma de $ 10.000 mensuales en gastos de manutención, $ 2.000 mensuales para vivienda, cobertura de seguro de salud personal para él y su familia, alquiler de automóvil y pago de abogados.

Guerra realizó una declaración juramentada asegurando los supuestos sobornos, lo cual consta dentro del juicio. Sin embargo, en su testimonio rendido en los últimos días, dijo que le ofrecieron $ 300 mil. “Fue una exageración de mi parte para poder afianzar mejor mi posición”, indicó a través de un traductor, al ser interrogado por Zoe Littlepage, abogado de Donziger. “No era cierto”, acotó el exjuez.

Zambrano también fue llamado a rendir testimonio, dijo Christopher Gowen, vocero de Donziger, lo cual fue confirmado ayer por Pablo Fajardo, procurador común y abogado ecuatoriano de los 30 mil afectados amazónicos, quien agregó que para ello ya viajó el domingo pasado.

Fajardo denunció que al llegar a Nueva York, Zambrano fue seguido y amenazado por seis personas, al parecer, pagadas por Chevron.

Durante tres semanas más que durará el juicio, seguirán presentándose testigos de las dos partes. A favor de la petrolera asistirá el abogado ambateño Adolfo Callejas y líder del equipo legal de la transnacional en Ecuador, quien participó en las inspecciones judiciales realizadas antes de la firma del acta final de 1998, con la cual se liberó a Chevron de toda responsabilidad y futuras demandas de parte del Estado. Otro testigo clave de la petrolera será Diego Borja Sánchez, exempleado de la petrolera en Ecuador, quien realizaba pruebas de campo junto a su esposa Sara Portilla.

Lo admitido por Guerra respecto a su exageración ocurre luego de que, antes y durante el juicio iniciado el 15 de octubre pasado, sufriera contratiempos que le han obligado a retractarse de algunas alegaciones. Por ejemplo, no contaba con que uno de sus “expertos” (la científica Sara McMillen) dijera que la compañía ordenó que durante inspecciones a los supuestos trabajos de remediación, solo se tomaran en cuenta las muestras de suelo “limpio”.

Incluso, Chevron se ha visto obliga a desistir de ciertas exigencias, entre ellas, pretender de los demandados una indemnización de $60 mil millones por supuesto daño moral. Decidió aquello porque el litigio hubiera requerido la intervención de un jurado, lo cual, a su vez, habría llevado a abordar el tema de la contaminación en la Amazonía. Con ello, el único que podrá emitir sentencia es el juez Lewis Kaplan, quien, según temen los demandados, fallará a favor de Chevron.

Incluso, todo esto ocurre luego de que un reciente peritaje judicial a la computadora del despacho de la Corte de Sucumbíos, que utilizó el exjuez Zambrano para condenar a Chevron, comprobó que la sentencia sí fue elaborada en ese ordenador.

Datos

Ayer empezó enCanadá la audiencia con la cual los 30 mil afectados ecuatorianos por la contaminación de Chevron buscan cobrar en ese país parte de la indemnización ordenada por la Corte de Sucumbíos.

Los afectados amazónicos buscan que la Corte de Ontario permita ejecutar el fallo de la justicia ecuatoriana para embargar, rematar y cobrar $ 8.000 millones de activos que posee la transnacional en ese país, dado que en Ecuador no tienen bienes.

En el caso de que la Corte de Ontario no acepte la petición de los afectados, sus abogados tienen “rastreados” un total de 59 países en donde Chevron tiene acciones.

Los afectados piden que CNJ se pronuncie

La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT) realizaron ayer un plantón en los bajos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, para exigir que se resuelva el recurso de casación que interpuso hace casi dos años la transnacional Chevron Corporation, para revisar la sentencia del juicio de Lago Agrio, en el que la petrolera fue sentenciada a pagar $ 19.000 millones por daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana.

“Ya son 20 meses que el recurso está aquí (CNJ) y aún no se toma una decisión, es mucho tiempo y ya es hora de que se resuelva. Mientras más se demora en resolverse este tipo de casos, más gente se sigue muriendo en la Amazonía, como es el caso del campo Shushufindi, en donde existe gente afectada con las enfermedades, sobre todo cáncer, a consecuencia de la contaminación”, declaró Luis Yanza, presidente de la Unión de Afectados, quien expresó su preocupación por la demora de la CNJ en revisar la sentencia. Pero confía en que la resolución que emitan sea ratificatoria a la decisión tomada en 2011 por la Corte de Sucumbíos.

“Si los señores magistrados actúan con transparencia y objetividad, confiamos en que esa sentencia sea la misma que tomó la Corte de Sucumbíos”, destacó Yanza.

De igual manera, Carmen Cartuche, habitante de Shushufindi y una de las afectadas, recordó cómo la petrolera estadounidense operó por muchos años en la Amazonía ecuatoriana de manera irresponsable. Dijo que las consecuencias de esta explotación “han ido afectando cada vez más a los habitantes de esta población, con enfermedades”.

Además, denunció los altos índices de cáncer, abortos y enfermedades de piel que existen en la Amazonía a causa de los derrames de petróleo que, incluso, incluían regar brea en la carretera en vez del asfalto, para evitar el polvo. “Cuando eramos estudiantes, caminábamos descalzos encima del petróleo que se encontraba en el suelo y eso ha generado muchas pérdidas humanas”, indicó indignada.

La pobladora dijo que perdió a su madre como producto de la contaminación. La mujer falleció a causa de cáncer al útero.

Pablo Fajardo, abogado de los afectados amazónicos, agradeció la presencia de la ciudadanía que acudió al plantón de ayer y resaltó que cada vez se une más gente a esta lucha por la justicia y en favor de los afectados por Chevron.