El Estado no dará su brazo a torcer frente a Chevron: apelará la sentencia de Corte de La Haya -a favor de la petrolera- en las cortes holandesas. Pedirá la nulidad del laudo arbitral.

Ese es el camino a seguir  luego de la sentencia del pasado 7 de septiembre, en la cual el Tribunal Arbitral Internacional estableció tres puntos en contra del país: declaró que el Estado ecuatoriano violó el Tratado Bilateral de Inversión (TBI); denegó justicia y no brindó un trato justo y equitativo.

El fallo obedece a que la Corte de Lago Agrio determinó en 2011 que Chevron pague $ 9.500 millones para indemnizar a los amazónicos por los daños ambientales. Ellos habían demandado a la petrolera en 2013.

El Gobierno responsabiliza al anterior régimen por la campaña “La mano sucia de Chevron”, lo que hizo ver que no era un asunto entre terceros sino que el Ejecutivo había intervenido.

El procurador Íñigo Salvador explicó ayer que buscará apelar la sentencia para su posterior nulidad.

Para ello está a la espera -90 días- del monto que tendrá que pagar Ecuador -por disposición del laudo- para tomar las acciones correspondientes.

Asimismo, ese monto servirá para que dicha institución ejerza el derecho de repetición.

Cabe destacar que el artículo 11 de la Constitución de la República dispone que el Estado ejercerá el derecho de repetición en contra de las personas por el daño producido, sin perjuicio de responsabilidades civiles, penales y administrativas.

Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, lamentó el uso de fondos públicos para la campaña “La mano sucia” en contra de Chevron. Allí se invirtieron $ 10 millones y $ 70 millones en la contratación de abogados nacionales e internacionales.

Por eso está a favor del derecho a la repetición. “Perdimos el juicio en junio de 2016. Estamos en contra de los exfuncionarios irresponsables y mediocres”.

Mientras tanto, el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, identificó a  los responsables de laudo arbitral: Gobierno anterior.

Para el Ejecutivo, el expresidente Rafael Correa utilizó la lucha de los pueblos amazónicos en su beneficio como una especie de “campaña publicitaria”.

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Moreno, desmintió las declaraciones del exmandatario en las que afirma que el Gobierno se reunió y llegó a un acuerdo con Chevron. Afirmó que Correa convive “a través de la mentira”.

Roldán negó que su tío sea abogado de Chevron, como lo afirmó el político Fernando Villavicencio. El funcionario tildó de “mentiroso” al denunciante y advirtió que defenderá el honor de su familia.

Por su parte, los legisladores también investigarán a los responsables del caso. Incluso, en la próxima reunión del Consejo de Administración Legislativo (CAL) se analizará el papel que jugará el pleno tras el fallo.

Amazónicos se pronuncian
Tras el fallo, la Unión de Afectados por Chevron-Texaco, pidió al Gobierno que declare la inaplicabilidad de la resolución.

Pablo Fajardo, abogado de los afectados, advirtió además con demandar al Estado ecuatoriano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Esto, en el supuesto caso de que el Estado ecuatoriano pretenda impedirles que ejerzan su derecho a la defensa.

Según Fajardo, el fallo obliga al Estado a impedir que los amazónicos emprendan acciones legales en terceros países.

Pidió al Estado que no interfiera en ninguna acción que planteen -a futuro- en cortes extranjeras.

“Seguiremos defendiendo nuestros derechos en las Naciones Unidas, Unión Europea, Latinoamericana y en cortes extranjeras también”, indicó Fajardo, quien además aseveró que pediría ayuda a María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (I)