Un peritaje judicial a la computadora del despacho de la Corte de Sucumbíos, que utilizó el ex juez Nicolás Zambrano para condenar a Chevron a pagar $19 mil millones por el daño ambiental ocasionado en la Amazonía ecuatoriana, comprobó que la sentencia judicial sí fue elaborada en ese ordenador.    

Esta verificación echaría abajo el argumento de la transnacional y del ex juez ecuatoriano Alberto Guerra Bastidas, quienes en el juicio que actualmente se ventila en la Corte Federal de Nueva York por “fraude procesal”, han venido afirmando que la sentencia se redactó fuera del edificio de la Corte de Sucumbíos, por los mismos abogados de los 30 mil indígenas y colonos afectados. (Ver infografía ampliada)

El peritaje se realizó como parte de las investigaciones que efectúa la Fiscalía, en la etapa de indagación previa, dentro de la denuncia penal planteada contra Guerra -el 18 de febrero pasado- por los afectados, frente a sus declaraciones “falsas”, “maliciosas” e “injuriosas” a favor de Chevron.     

Peritos expertos en informática forense -movilizados desde el Departamento de Criminalística de Pichincha- determinaron que el archivo de la sentencia fue creado y editado durante 3.571 horas o el equivalente a casi  cinco meses, en la computadora del entonces presidente subrogante de la Corte de Sucumbíos (Zambrano), en el despacho de esa dependencia.

Piaguaje: “El peritaje deja al descubierto que los testigos que  presenta Chevron  
son pagados...”Corroboraron que el archivo que contiene la sentencia fue creado el 11 de octubre de 2010 y que no existe registro de ingreso de dispositivos de almacenamiento externo USB antes de 2012. Entonces, se concluyó que la sentencia, su ampliación y aclaración dictadas en febrero de 2011 sí fue elaborada en la Corte. Guerra, sin embargo, firmó una declaración juramentada en EE.UU. en la que aseguraba que él fue  coautor, junto con los abogados de los afectados, de elaborar el fallo fuera de la Corte.

Pablo Fajardo, procurador común de los afectados, destacó que el informe de los peritos era  “esencial” para rebatir las acusaciones de supuestas irregularidades en la justicia ecuatoriana. “Con el informe se destruyen los argumentos de la petrolera, al acusar que la sentencia fue redactada por terceros”, dijo.

Para Fajardo, ahora no cabe duda de que el juez Zambrano fue el único autor de la sentencia. Aquello, posiblemente, Chevron sabía, “por eso intentó sobornar a Zambrano ofreciéndole $ 1 millón para que mienta y declare en favor de la compañía, cosa que nunca ocurrió”, dijo.

Ante esa negativa, supuestamente sobornó a Guerra mediante el pago de $ 326 mil, para utilizarlo como testigo en el juicio de Nueva York.

Karen Hinton, portavoz de los demandantes que trabaja bajo el liderazgo del abogado estadounidense Steven Donziger, hace poco dijo que Chevron “compró” el testimonio falso de Guerra y se refirió a éste como “el equivalente a un soborno”.

La suma pagada a Guerra, quien se trasladó a vivir a EE.UU. junto a su familia, se distribuiría así: $ 38 mil de contado para compensarlo por el valor de la evidencia física que presentó para corroborar su testimonio, incluyendo documentos y datos de  computadoras, celulares, discos duros y registros bancarios; sueldo de $ 10 mil al mes por 2 años, (Chevron llama gastos por el costo de vida); y $ 2.000 mensuales por vivienda, seguros de salud y pago de abogados.

El portavoz de Chevron, Kent Robertson, durante una entrevista ante la prensa internacional, admitió el año pasado que la compañía dio dinero a Guerra y que le prometió pagos adicionales para que declarase que la sentencia supuestamente fue  hecha por los demandantes.

Humberto Piaguaje, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco-Chevron, indicó que con el testimonio de Zambrano y el informe del peritaje “queda al descubierto y comprueba que los testigos que está presentando Chevron contra los ecuatorianos han sido pagados para mentir y facilitar al juez de la Corte de Nueva York, Lewis Kaplan, los argumentos, para sentenciar como extorsionadores a los indígenas y colonos amazónicos víctimas de la petrolera”.

En el juicio, que se ventila bajo la ley federal estadounidense RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), se acusa a los campesinos e indígenas ecuatorianas de colusión y extorsión. La etapa de prueba empezó el 15 de octubre pasado y se estima que Kaplan emita sentencia a fines de noviembre o inicios de diciembre próximo.