Está en Cuenca, preside el COE y se encarga del sur del país. El ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Granda, coordina la entrega de los kits de alimentos a las familias más pobres que no pueden salir a trabajar por la emergencia sanitaria. También verifica si las personas que viven del día a día reciben el Bono de Protección Familiar de 60 dólares. Él conversó por teléfono con este Diario sobre esos temas.

El Gobierno tiene dos iniciativas de emergencia para las familias más necesitadas en esta pandemia.

Son dos políticas sociales que buscan intervenir en la protección de las familias en situación de necesidad. La primera es llegar con kits de alimentos a todo el país, a través de la campaña “Dar una mano sin dar la mano”. Y la segunda es el Bono de Protección Familiar, de 60 dólares.

La campaña de alimentos está apoyada por empresas privadas y la sociedad civil. ¿Qué garantías ofrece esto?

Esta campaña del Gobierno busca la solidaridad de la gente para comprar kits de alimentos para los más necesitados. Tiene una plataforma digital hecha por manos ecuatorianas www.darunamanoecuador.com. Los ciudadanos acceden a ella y seleccionan el kit que quieren donar. Esos recursos van a un fondo común, no del Estado, sino de cinco grandes cadenas de supermercados que nos apoyan y nos han donado también miles de kits de alimentos. La página es auditable, eso brinda transparencia, además es eficiente y eficaz.

¿Cómo funciona la distribución de esos paquetes de alimentos?

El MIES establece la logística y todo es transparente, no como lo ocurrido en el terremoto de 2016 cuando la solidaridad de la gente se quedó en las bodegas y nunca llegó a sus destinatarios.

Nosotros distribuimos los kits a través de los gobernadores, alcaldes y prefectos que nos apoyan. También de la iglesia y de organizaciones de la sociedad civil. “Dar una mano sin dar la mano” ya ha distribuido 245.000 kits en el país.

Además hay dos grandes empresas que nos apoyan en la entrega de los paquetes y no cobran por ello. Tenemos tres puntos de acopio: Quito, Guayaquil y Cuenca, y desde allí se distribuyen a las distintas ciudades del país.

La segunda política social es el Bono de Protección Familiar.

Con ese bono, que es de 60 dólares y está dirigiado a 400.000 familias, cubrimos el umbral de protección social. Es decir, de las personas que viven del día a día, ganan menos de 400 dólares y no son beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. Estas personas trabajan en agricultura, crianza de animales, contrucción, trabajadoras del hogar, ventas, tiendas de barrio, venta de comida en la calle, de pequeñas panaderías y pasatelerías. La información sobre los beneficiarios nos la da el Registro Social.

¿Qué pasa con los ciudadanos que no tienen acceso a internet y no pueden inscribirse en la página web del Mies?

Tenemos dos formas: una para notificar y otra para consultar. El Registro Social nos entrega una base de datos que cruzamos con CNT, Movistar y Claro. De ahí sacamos los números de teléfonos de la mayoría de las personas.

Ellos han recibido un mensaje personalizado en los que se les ha informado que son beneficiarios del Bono de Protección Familiar. También hay un call center que montamos con la ayuda de la CNT para llamar a cada uno de ellos a su domicilio.

¿Dónde se cobran los bonos?

En todos los bancos del Barrio y Mi Vecino que estén más cercanos a sus casas y solo necesitan presentar la cédula de identidad.
Pero, además, tenemos un orden: los que tienen como dígito final de la cédula el número 1 pueden cobrar el 1, 11 y 21 de este mes.

Los que tienen al final el número 2 de la cédula pueden cobrar el 2, 12 y el 22 de este mes. Además ampliamos los corresponsales financieros: antes de la emergencia habían 3.200 y hoy 10.200. Por eso al empezar a pagar los bonos no hubo mayor público ni indisciplina ni problemas. La gente respetó la distancia social. La Superintendencia de Bancos y la de Economía Popular y Solidaria notificaron a los bancos y cooperativas la obligación de que entre cada persona haya un metro y medio de distancia para cobrar los bonos y eso se respetó.

Usted denunció un incremento alarmante de llamadas falsas al call center que sirve para brindar información sobre este bono y los otros que tiene el gobierno. ¿Cuál es ese incremento?

La saturación es del 200%. Muchos llaman, pero no contestan a nuestras preguntas o preguntan cuestiones que no tienen relación con los temas del MIES o del bono. Buscan saturar el call center para que se caiga el sistema.

Así no se les puede contestar a las personas que necesitan del servicio. Por ejemplo: solo en la mañana de este día (de la entrevista) tuvimos 46.279 llamadas, de las cuales 13.000 eran para el Bono de Desarrollo Humano; 100 del Bono de Discapacidad; 100 de Todo una Vida; 57 de menores de edad con discapacidad; 500 del bono variable y el resto llamadas para ocupar la red y que fracasara el call center.

¿Por qué cree que la gente actúa así?

Para boicotear el trabajo. El lunes pasado los ciudadanos recibieron, a través de WhatsAPP y Twitter, información falsa.
Según ella, el Gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS) iban a pagar el Bono de Protección Familiar a través del Banco del Pichincha y les pedían ir hacia ese lugar. Pero era falso.

Buscaban que la gente se agolpara, se armara un caos y hasta se contagiaran. Tuvimos que rebatir esa información cada hora. Además implementamos en el MIES una estrategia digital para romper con las noticias falsas.

¿Usted cree que en esa falsa noticia hubo una intencionalidad política para boicotear este tema?

Sí, todo el tiempo. Son las mismas cuentas que atacaban en octubre de 2019 durante las protestas por la eliminación del subsidio de gasolina. Eso está verificado, tenemos las capturas de gente con cero seguidores que insultan al gobierno y la forma como manejamos la crisis sanitaria.

Hay quejas de ciudadanos en su cuenta de TW. Dicen que cumplen los requisitos para ser beneficiarios del bono, pero no lo tienen.

Algunas personas se quejan porque no están incluidas para recibir el Bono de Protección Familiar, que lo han cobrado hasta este viernes: 53.000 personas. Por pedido del Presidente se ampliará la cobertura.

En su cuenta de Twitter un señor les pide ayuda porque ya no tiene trabajo por el covid-19. ¿Qué ha pasado con esto?

Corroboramos la información y sabemos que el señor que pide ayuda dice la verdad. Él es albañil, nació en Cotacachi.
Le enviamos un kit de alimentos, lo derivamos a los directores distritales para que cumplan con entregar el paquete de alimentación.

Buscamos otras alternativas para ellos y se toman sus datos para saber si pueden o no ser beneficiarios, según lo establecido en el Registro Social.

¿Cuántos bonos tiene el Gobierno?

1’425.000 bonos en distintas modalidades: 400.000 para atender el Bono de Protección Familiar. A ellos se suman 925.000 personas a las que les pagamos el BDH, desde el primero de abril. También están el bono para personas con discapacidad y el bono para adultos mayores. (I)