Alrededor de 800 mil usuarios registra el Sistema de Medicina Prepagada en el país; de estos 600 mil cuentan también con el sistema de seguridad social, pero no lo utilizan.  

Uno de los grandes inconvenientes es que este sector privado no tiene definida una política clara en defensa de sus usuarios.

María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la Comisión  de la Salud de la Asamblea, reconoce que diseñar un proyecto para regular estos prestadores de salud privada es un tema complejo y que por ello se ha conversado con todos los actores.

Hay 2 posibilidades que se contemplan. La primera es que  el tema sea incluido en un Código de Salud integral, que también los regule, y la segunda es que se trate como una ley independiente.

En el primer caso el inconveniente sería que este Código aún no está diseñado y que por la complejidad demorará su aprobación. En la socialización hecha en Guayaquil, Vicuña reconoció que es un trabajo tan largo como el requerido para elaborar el Código Orgánico Integral Penal (COIP).        

En el segundo caso el trámite sería más rápido y de esta forma se atendería a un sector importante de la ciudadanía, que por falta de claridad en la normativa no obtiene repuestas oportunas, según detalló la proponente del proyecto, Pamela Falconí.

Vicuña detalló que este sector factura anualmente $ 292 millones, de los cuales aproximadamente $ 190 millones son devengados en pago de servicios, reposiciones, entre otros. Con esto se demuestra que la injerencia en la economía es importante, según cifras que entregó a la Comisión la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada (Aeemip).

Entre los planteamientos contemplados está que las empresas que brindan el servicio de medicina prepagada tengan un patrimonio solvente para cubrir toda la demanda que establece el contrato. La iniciativa incluye nuevas reglas del juego, respetando los derechos que tienen como compañías, pero principalmente priorizando la calidad, la no discriminación en atención y las instancias de control que permitan, en caso de ser necesario, establecer las sanciones correspondientes y dar cumplimiento a la ley.  

Para Falconí el servicio tiene muchas falencias puesto que no se cubre la prevención, tampoco enfermedades sicológicas, prótesis, ni vasectomías, entre otros procedimientos. La propuesta ha sido remitida al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social para que tenga conocimiento y analice que no se contrapone al Código de Salud aún por aprobarse. “El Código no puede incluir temas monetarios y financieros. Estas empresas están dando servicios como una financiera porque captan dinero y tienen que regularse”, dijo Falconí.    

Según la legisladora el Ministerio de Salud tiene que regular todo lo que corresponde a medicina y servicios, pero la parte financiera compete a la Superintendencia de Compañías que debe transparentar el tema societario y que busca que su capital esté respaldado en el territorio nacional. Una de las preocupaciones son los costos.

“Ninguna empresa le entrega  un detalle de cuánto ha consumido y ha pagado. Cuando contratamos un servicio siempre se entrega una planilla, pero acá no se hace. Usted no sabe cuánto paga, ni cuánto utilizó del servicio. Además cuando en un año no se utiliza, el usuario no  puede acumular ese monto”, dijo.

Por ejemplo, un empleado de una empresa privada, que prefirió no identificarse, dijo que mensualmente le descuentan $35 y que su empresa aporta una cantidad similar. “Estoy afiliado, pero no lo uso por la prima que tengo que pagar cada año, prefiero usar el Seguro Social y no sé ni qué comprende. Aquí -en el trabajo- habemos muchos que ni nos enteramos de los servicios que ofrece”, detalló. El usuario dijo que sobre todo en diciembre no se puede iniciar un tratamiento médico.  

Tanto Vicuña como Falconí coincidieron en que con la normativa se beneficiaría a la clase media del país que se esfuerza en tener un servicio prepagado. “Estamos hablando de la salud de las personas, muchas denuncias terminan en la Defensoría del Pueblo sin que se puedan resolver”, dijo esta última.

Uno de los casos más sonados fue el del matrimonio Feraud-Landucci, que recibió la negativa para asegurar a su hijo de 3 años con Síndrome de Down, por lo que entablaron un proceso legal que ganaron.

Las compañías demandadas fueron Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador Sociedad Anónima (Salud S.A.) y Ecuasanitas S.A.

La sentencia determinó que debían firmar el contrato sin restricciones ni discriminación en el plan que escogiera el padre. Además, que dejaran sin efecto cualquier política empresarial que implicara un trato discriminatorio.

Este Diario intentó comunicarse con Eduardo Izurieta, quien preside la Asociación  de Medicina Prepagada y también es gerente de Salud,  pero su asistente manifestó que está fuera de la ciudad y que es el único vocero que puede hablar sobre la organización.

Carlos Velasco, presidente de la Comisión de la Salud, aseguró que el informe estará listo este mes, luego de mantener reuniones con representantes del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Compañías.        

Según Vicuña la ley estaría encaminada a aprobarse de manera independiente, por fuera del Código de la Salud.  

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, detalló que el tema de la salud prepagada es prioritario por tratarse del bienestar de las personas y, aunque enfatizó que existe un gran compromiso por parte de los legisladores, advirtió que es una lucha constante porque hay intereses económicos de por medio.

Vicuña dijo que de aprobarse la ley se plantea una auditoría a todas las empresas para transparentar los datos y asegurarse de que cumplan con los requisitos necesarios y la garantía para los usuarios.