Después del Gabinete Social desarrollado este 26 de abril en Guayaquil, el ministro de Educación, Augusto Barrera, detalló que será el Presidente de la República el que se pronuncie sobre el plazo dispuesto para la entrega del disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias “Guacho”.

Como vocero del área social, Barrera señaló que se trató de una reunión técnica, liderada por la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, y el secretario de la Administración, Andrés Mideros. Estuvieron presentes cerca de catorce secretarios de Estado.

Entre los puntos tratados estuvo el aspecto social en el que viven las familias de las provincias fronterizas. Indicó que en los próximos días se hará, seguramente, un gabinete para socializar los proyectos para la zona.

Explicó que en la reunión que mantuvieron el miércoles los prefectos de Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, con el Jefe de Estado, surgió el planteamiento de reactivar la economía de esos sitios. El objetivo es que la ciudadanía no recurra a actividades ilegales, afirmó el funcionario.

En su intervención el Ministro de Educación recalcó que en el gabinete de la semana anterior se pasó revista a los proyectos previstos para esas zonas. El Gobierno se comprometió con los prefectos para redoblar esfuerzos en apoyo a los ciudadanos de esas poblaciones.

Galápagos

Otro tema tratado fue referente a Galápagos. Se planteó que el bono que se entrega en el país, en la provincia se calcule en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), puesto que las diferencias de costos hacen que no signifique lo mismo $ 100 en el continente, que en las islas. Adicionalmente se analizarán las carreras técnicas para Galápagos.

En lo relacionado con el ambiente, informó que el país consiguió $ 157 millones en cooperación internacional para proyectos ambientales.

Este gabinete fue el primero para el ministro de Vivienda, Javier Torres. Como logros de esta Secretaría está la identificación de 221 terrenos óptimos que están en 99 cantones de 21 provincias del país.

Así también se abordaron resultados en lo relacionado con agua potable y saneamiento, que registra una inversión de $ 275 millones que beneficia a 1,5 millones de personas que carecen de los servicios básicos. (I)