Ronny Aleaga, de la Revolución Ciudadana, por la provincia de Guayas, sacó varios ases de su manga para atraer la atención mediática.

El legislador hizo dos denuncias, la primera en contra del presidente de la República, Lenín Moreno y de su familia. Según él, son propietarios de un departamento en Alicante, España. Pero eso fue desmentido por el embajador ecuatoriano en ese país, Cristóbal Roldán, en una entrevista publicada con este Diario, el lunes 11 de marzo.

La segunda denuncia fue en contra de la titular del Legislativo de Alianza PAIS (AP), Elizabeth Cabezas, por un supuesto tráfico de influencias tras la difusión de un audio en las redes sociales sobre una conversación entre ella y la ministra del Interior, María Paula Romo.

Según ese audio, Cabezas pide a Romo llamar a los socialcristianos para no tratar esa denuncia contra el primer Mandatario. Con ambas denuncias Aleaga pasó de ser un legislador desconocido a uno popular.

Biografía de Aleaga

¿Pero quién es este parlamentario de las filas correístas? Llegó al plenario como alterno de su colega de bancada, Sofía Espín. Ella fue destituida por tratar de manipular a un testigo clave, Diana Falcón, en el secuestro del activista Fernando Balda.

El expresidente Rafael Correa está prófugo por ese juicio. Además, Espín es la asesora y mano derecha del exvicepresidente, Jorge Glas, sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht.

Ronny Aleaga es un exintegrante de los Latin King y accionista de la empresa Tilacorp S. A., que vende productos alimenticios, pero también tiene como actividad la construcción. Su madre, Anabell Santos, dirige esa compañía, junto a su hermano Ricardo Santos.

Tilacorp S. A. obtuvo 124 contratos de construcción con  el gobierno de Correa, aunque la empresa es de venta de alimentos. Aleaga también fue gerente de la empresa constructora Edrori S.A., que se adjudicó 53 contratos en el régimen del expresidente.

En 2012, registró en su cuenta ingresos por $38.250 en efectivo. Pero no pagó nada por el impuesto a la renta, según información de la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI).

En 2014 fue asesor externo del asambleísta de AP, Octavio Villacreses. Mientras que en 2016 fue funcionario de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), pero nunca fue a trabajar, reveló Daniel Mendoza, de AP, en una entrevista con Pública FM el martes pasado.

Él dijo que ese cargo lo consiguió a través de la ministra de Ambiente de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga. “Quieren atacar, difamar, injuriar y desestabilizar al país. Aleaga ni siquiera iba a timbrar en CNEL, nos dijeron sus colegas. Era un pipón que engordaba la masa salarial de los ecuatorianos”, explicó Mendoza.

Corrupción en la época correísta

Coincide con él Jeannine Cruz, de CREO. “Hay una agenda para desestabilizar al país; los temas sobre la verdadera fiscalización son boicoteados por los correístas”.

Según ella, desvían la atención y tratan de ocultar el atraco correísta, el abuso de poder y la corrupción en todos lados. “Es grotesco que traten de hablar de la honestidad que no tienen”, dijo.

Esas opiniones se ajustan a la realidad. Un chat de la Revolución Ciudadana entre dos legisladoras y un colega de esa agrupación dice:  “Chicos, es importante que sigamos dando fuerza en las redes. Cabezas está tambaleando”.

También se lee “tenemos que sacarle la madre a esa... que sirva de algo ese gil de Aleaga. Ya están preparando nuevas líneas #MorenoEsElCorrupto. Hay que generar tendencias, que no baje”.

César Solórzano, del Partido Sociedad Patriótica, señala que los correístas quieren provocar un caos en el país y hablan de la muerte cruzada. (I)

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Comisión Ocasional no aplica para el Presidente

El pasado 7 de marzo, el legislador Aleaga solicitó el cambio de orden del día en la sesión 580 del pleno de la Asamblea Nacional. El objetivo era que se debata un proyecto de resolución sobre supuestas denuncias en contra del presidente de la República, Lenín Moreno.

Ese pedido estuvo firmado por nueve de los 39 legisladores de la bancada de Revolución Ciudadana. La solicitud fue negada por la titular del Parlamento. La resolución de Aleaga pedía la conformación de una Comisión Ocasional Multipartidista para investigar esas supuestas denuncias.

Pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que la creación de esa comisión solamente sirve para analizar las conductas inapropiadas de los asambleístas.

La Asamblea Nacional puede convocar al Primer Mandatario, a través de un juicio político, que tampoco se aplica para nada en este caso.

El artículo 129 de la Constitución señala el camino para el control de la acción de Gobierno. Este requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. (I)