Los costos para servicios de comunicación externa en la Función Legislativa fueron de $ 451.727,35, en 2017. Es decir, casi medio millón de dólares, señala una información de la página web de la Asamblea Nacional.

Eso gastos se hicieron durante los primeros 7 meses del total de los 11 que presidió el Legislativo, el aliancista José Serrano. En su administración se firmaron 10 contratos en total de comunicación, del 15 de junio al 20 de diciembre de 2017.

De ellos, seis fueron para productos de comunicación, análisis de información de las publicaciones de los medios o en las redes sociales. Además, dos contratos fueron para comprar equipos de fotografía, video y computadoras para editar imágenes y producir contenidos gráficos y audiovisuales.

Y otros dos por alquilar espacios para instalar sistemas de transmisión de la radio de la Asamblea en Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora y Cerro Azul-Guayaquil.

Para el legislador del movimiento Unidos por Pastaza y miembro de la Bancada de Integración Nacional (BIN), Raúl Tello, esos contratos deben someterse a una auditoría porque el costo es demasiado alto para siete meses de gestión.

“No hemos podido verificar la existencia o no de esos productos comunicacionales. Tampoco han sido difundidos entre los legisladores”, dijo a EL TELÉGRAFO.

El contrato más costoso fue por $ 167.000 para levantar una línea base y seguimiento de indicadores para el Legislativo que determinen estrategias comunicacionales y generen criterios de comunicación, información e imagen institucional, dice la información de la Asamblea. Este fue adjudicado por régimen especial a la empresa Imasen del Ecuador.

Según el portal web Emis, esta compañía está dedicada a servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de relaciones públicas y comunicaciones.

Le sigue un contrato por $ 105.357,14 por servicio de producción de piezas comunicacionales para difusión e información en campaña institucional de la Asamblea. Este fue adjudicado a la empresa Plublymark, a través de régimen especial.

Esta compañía también tiene un segundo contrato por $ 11.000 para difundir las actividades de la Asamblea en medios de comunicación impresos sobre juicio político y fiscalización.

El tercer contrato más costoso fue por $ 24.000 para elaborar un resumen de la opinión y de las informaciones (monitoreo) que genera la segunda función del Estado.

Pero en esos contratos hay uno en particular que llama la atención. Se trata de un servicio para crear productos comunicacionales didácticos para niños sobre el quehacer de la Asamblea.  Este le costó  $ 21.000 al Estado. Allí, la pregunta es: ¿Se justificaba o no ese gasto para informar a escolares sobre el Parlamento?

Para el asambleísta de CREO, Esteban Bernal, la Contraloría debe hacer un examen especial en esos gastos en comunicación. “No hemos tenido información sobre esos productos para niños. Se requiere verificar esos contratos”, recalcó a este Diario.

Pero ¿por qué contratar esos servicios externos de comunicación, si la Asamblea cuenta con una Secretaría de Comunicación?

Para tener la idea clara, la Secretaría de Comunicación posee dos coordinaciones: una de Comunicación Institucional y otra de Medios Legislativos.

La primera se ocupa de las relaciones con los medios externos que cubren la Asamblea, de relaciones públicas, de organizar eventos. La segunda Coordinación produce contenidos para la radio, televisión Legislativa, página web, redes sociales, boletines de prensa.

Serrano recibió esa Secretaría de Comunicación con 98 funcionarios que trabajaban en la presidencia de la exaliancista y actual legisladora de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira.  

En la jefatura de Serrano, ese número de servidores públicos subió a 185. Es decir, se sumaron otros 89 profesionales a esa Secretaría.

“Había asesores-asistentes de cámaras de televisión, por ejemplo, y muchos trabajaban sin partida presupuestaria”, contó un funcionario que prefiere no decir su nombre.

En contraste, hoy, en el período de Elizabeth Cabezas, de AP, hay 84 funcionarios que cubren todo el trabajo y no necesitan contratar a otros de afuera para duplicar sus labores.

El economista y docente de la Universidad Católica, Christian Albuja, indicó que hay trabajos de comunicación que pueden hacerlo empresas externas porque son más eficientes en el uso de los recursos. “Hay avance en contratación pública, pero si se hace contratos directos se puede escoger a dedo a una empresa. Eso no garantiza la participación igualitaria de las otras que están en el mercado”. (I)