Desde que empezó la crisis sanitaria, la Prefectura del Guayas adjudicó 18 contratos por un monto que suma un total de $ 5’606.000, según los datos del Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Pero 15 de esos contratos están bajo examen de la Contraloría e investigación de la Fiscalía que halló una estructura para favorecer a seis empresas relacionadas con el prefecto Carlos Luis Morales y que elevaron costos de productos sanitarios como mascarillas y pruebas para detectar el covid-19.

Esto motivó un operativo la semana pasada que culminó con la captura de Morales a quien le colocaron un dispositivo electrónico de localización en el tobillo como alternativa a la prisión preventiva mientras se desarrollan las indagaciones. Además están bajo investigación su esposa, Sandra A., sus hijastros Xavier V., Alejandro V. Asimismo Hermelindo V., José V., Mario M., Verónica L., Carlos B., Kerly M., y Leonardo V.

En la adquisición de 50.000 kits alimenticios se evidenció que un día después de la firma del contrato la contratista actualizó su RUC, modificando su actividad económica de venta de suministros para vehículos a venta de productos diversos.

En el examen que hizo Contraloría se comparó el costo de los ocho ítems que componen los kits alimenticios, por los que la Prefectura pagó $6,47, cuando el valor en minoristas es de $ 5,53. Esto implica un sobreprecio de $ 47.000 en el contrato.

Para la compra de pruebas rápidas de covid-19 y mascarillas KN95 se firmó un contrato con el proveedor Accesmedical por $ 585.500. Pero los precios unitarios ofertados de las mascarillas y las pruebas rápidas tenían una diferencia de $ 3,71, equivalente al 123,66% y de $ 11,96, equivalente al 106,79% respectivamente, en comparación con los precios del mercado.

La Contraloría señaló que esta adjudicación tiene un aumento injustificado de $ 319.500. Además está en revisión el contrato para adquirir alcohol y gel antibacterial por $ 1’176.000, que se firmó con TASHUE S.A. Asimismo la compra del elemento amonio cuaternario que se usa para desinfección por $ 499.400 y otro de $ 859.180,00, que se firmó con Ana Guacho Amaya.

En esta trama se investiga la entrega de otro contrato por $ 89.577 para un servicio de procesamiento de resultados de pruebas covid-19 a favor de Zerasamiz S. A., cuyo presidente es Hermelindo V. La particularidad de este último es que Hermelindo es un ebanista, que según un reportaje de Teleamazonas, personal de la Prefectura le pidió prestado la firma para que aparezca como director de la empresa.

El analista Gabriel Rosas dijo que este caso demuestra que muchos políticos llegan a este tipo de cargos con el fin de lucrar, pues tienen que recuperar lo que invierten en campaña. 

Pero al margen del trabajo de la Fiscalía que esta trabajando en identificar y llevar a juicio a los que cometen este tipo de irregularidades, hay que pensar en reformas legales que incluyan requisitos para ser autoridades o asambleístas de lo contrario seguirá la corrupción.

Viceprefecta a cargo de proceso

Esta semana se iniciará el proceso en el Consejo Provincial de Guayas para analizar la destitución del prefecto Carlos Luis Morales.

Al respecto el jurista Diego Cevallos explicó que en esta etapa es clave la actuación de la viceprefecta Susana González, pues además de ser la que reemplace a Morales en caso de que se vote por la destitución, es la encargada de llevar el proceso de acuerdo a lo que señala el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).

Si bien un grupo de alcaldes del Guayas han manifestado que tienen los 22 votos mínimos, requeridos para la remoción de Morales, “no deben olvidar que el TCE en varios precedentes ha revocado resoluciones de remoción de autoridades locales, por no haber sido emitidas siguiendo de manera estricta el proceso previsto en el Cootad”, manifestó Cevallos.

En este caso es fundamental también el trabajo de los integrantes de la Comisión de Mesa y el Secretario del Consejo, para garantizar el derecho a la defensa del Prefecto y el debido proceso para la aprobación de esta resolución, y que la misma no sea revertida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Esto debido a que el TCE revisa minuciosamente que se hayan cumplido todos los pasos señalados en la ley. Si comprueban errores en la tramitación se niega el pedido y dejan insubsistente la decisión del Consejo, así hayan conseguido votación unánime para la destitución. (I)