Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, reiteró que la Ley contra la Especulación sobre el valor de la tierra es una iniciativa que "obedece a una profunda coherencia con nuestros principios políticos y a la consolidación de un Ecuador verdaderamente justo".

Esta afirmación se realizó frente a la calificación de algunos sectores que señalaron que el proyecto de ley es un “error electoral”.

Ante tales afirmaciones, Rivadeneira, aseguró que “el error sería dejar que los cálculos electorales pesaran más que el bienestar de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.

Agregó que la propuesta incorpora una fórmula de cálculo que recae únicamente sobre las ganancias extraordinarias de un bien inmueble y no sobre las ordinarias, por lo que no afectará a los sectores de clases media y baja.

“Hablamos de ganancias ordinarias cuando el valor se equipara con lo que el inmueble generaría si su precio se depositara en el banco, incluidas todas sus mejoras y contribuciones de mejoras que se hayan dado al Gobierno Autónomo Descentralizado, más el equivalente al sueldo básico de dos años”, afirmó la Titular del Legislativo.

Estas declaraciones fueron difundidas por la sala de prensa de la Asamblea Nacional. Rivadeneira insistió en que esta ley busca luchar contra la especulación, como fuente ilegítima de riqueza.

“Por ejemplo, alguien tiene un contacto en el municipio y conoce de la futura construcción de una importante autopista, compra los predios aledaños, sus terrenos se valorizan y recibe ganancias extraordinarias, sin esfuerzo alguno, fruto de la obra pública”, señaló.

La titular negó que se trate de una norma que busque recursos por parte del Gobierno central, pues el 100% del dinero generado por este impuesto irá directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para la realización de obras de agua potable y alcantarillado.

“La ley contra la especulación es una apuesta real de este Gobierno por la redistribución de la riqueza”, sentenció.

Indicó que los asambleístas de oposición tendrán que demostrar en el legislativo que la Ley de Plusvalía afecta a las clases media y baja, “es decir a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano”.

Respecto a una supuesta duplicidad en el cobro de impuestos señaló que las contribuciones especiales realizadas a los GAD son tenidas en cuenta al momento de calcular el impuesto, “por lo que es falso que haya doble tributación”.

La propuesta remitida por el Ejecutivo como de carácter económico urgente fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su tratamiento en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. (I)