En un artículo escrito para la agencia de noticias RT, el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Ricardo Patiño, aborda el tema de las corporaciones multinacionales en América Latina y la falta de la regulación en la esfera.

Aquí el texto completo:

"Ecuador ha experimentado una profunda transformación social, económica y política en los últimos siete años, priorizando las necesidades y derechos de toda la ciudadanía. La urgencia de establecer un control ciudadano sobre las fuerzas que reinan en el comercio mundial es un gran desafío moral del siglo XXI. Las empresas transnacionales gozan de derechos especiales, protecciones y privilegios que han llevado la injusticia social y ambiental a un nivel sin precedentes, en particular en los países en desarrollo que no cuentan siempre con los recursos legales suficientes para defenderse. Una nueva propuesta liderada por Ecuador y Sudáfrica para crear un instrumento vinculante que regule las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales cometidos por algunas transnacionales, fue recientemente aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en Ginebra. Creemos que es el camino para corregir estas injusticias.

La proliferación global de Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones ha concedido a transnacionales extensos y cada vez mayores derechos de inversión y salvaguardias a expensas de los derechos de la ciudadanía y el ambiente. Algunos de estos acuerdos, por ejemplo, han permitido demandas llevadas por corporaciones contra el gobierno de Sudáfrica por la impostergable y elocuente razón de empoderar a los ciudadanos afectados por el apartheid, o contra el gobierno de Alemania por la eliminación gradual de energía nuclear, o contra los gobiernos de Uruguay y Australia por exigir advertencias en las cajetillas de cigarrillos.
 
Es perjudicial para nuestros países que hoy no exista ninguna base legal internacional que obligue a las corporaciones multinacionales a respetar los derechos humanos y las reglas ambientales. Hasta ahora, apenas existen los "Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos", aprobados recientemente por el CDH y la Asamblea General de la ONU, que no son vinculantes.
 
La difícil situación de las víctimas de violencia ambiental causada por transnacionales como la Unión Carbide en Bhopal, Shell en el Delta del Níger, y Chevron-Texaco en Ecuador, demuestra el peligro de este vacío legal. Todas las víctimas en estos casos, y en otros, están esperando reparaciones y una indemnización justa.

Muchos tratados de inversión internacionales colocan a determinadas transnacionales por encima de la legislación soberana de cada país

El daño masivo causado por Texaco en la zona de Lago Agrio en la selva amazónica del Ecuador es bien conocido. Esta espeluznante contaminación es evidente en las piscinas infectadas de desechos tóxicos que aún permanecen veinte años después de la salida formal de la petrolera estadounidense de nuestro país. A pesar de perder un caso judicial en Ecuador, llevado por las comunidades indígenas afectadas, Chevron (que adquirió Texaco en 2000) está utilizando ilegal e ilegítimamente el sistema internacional de arbitraje para eludir el cumplimiento de la sentencia emitida en el Ecuador.

La demanda de Chevron se basa en un Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, que entró en vigor en 1997, pero Texaco cerró sus operaciones en Ecuador en 1992, mucho antes de que el tratado existiera. Sin embargo, el panel de arbitraje de La Haya, integrado por tres abogados, se auto-consideró competente para revisar la solicitud de Chevron y luego instó a nuestro gobierno a desestimar la decisión de la corte ecuatoriana, olvidando que en nuestra nación democrática, el poder judicial es independiente del poder ejecutivo. Este es sólo un ejemplo de cómo muchos tratados de inversión internacionales colocan a determinadas transnacionales por encima de la legislación soberana de cada país, y les permiten utilizar su dinero, influencia y presión para eludir la responsabilidad de sus acciones.

Tenemos hoy, más que nunca, el deber colectivo de proteger a nuestro pueblo y nuestro ambiente. Es hora de frenar las acciones arbitrarias de ciertos poderes corporativos y crear las condiciones para un mundo más justo y respetuoso.

La necesidad de garantizar la seguridad de las inversiones no debe permitir que empresas multinacionales abusen de naciones enteras y de sus poblaciones. Los existentes tribunales internacionales de arbitraje facilitan a cualquier empresa multinacional la demanda contra un estado soberano, sin pasar por el sistema legal nacional. Estudios muy documentados demuestran cómo la mayor parte de esos árbitros se han puesto del lado de los intereses corporativos, dando la espalda a la protección y defensa de los derechos humanos y de la propia legislación nacional e, incluso, de principios universales del derecho.

Proponemos arreglar esta situación injusta con un nuevo instrumento legal, cuyo desarrollo fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio. Estas nuevas normas llevarían al mundo hacia un marco legal que responsabilice a las transnacionales por sus violaciones de derechos humanos. Además, proporcionaría protección legal y recursos eficaces, y crearía un papel importante para la sociedad civil en la promoción de la responsabilidad social de las corporaciones y en la prevención y mitigación de los impactos negativos causados por las transnacionales.

Ecuador es un país que aisladamente no va a cambiar el injusto orden mundial. Pero estamos dando los primeros pasos, junto con Sudáfrica y muchas otras naciones que han apoyado nuestra iniciativa, para responsabilizar a las transnacionales que actúan de manera abusiva. Fuera de la estructura de las Naciones Unidas, ya hemos avanzado en la creación de un Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales que se dedicará a hacer el seguimiento de los litigios que mantienen empresas multinacionales contra las naciones en materia de inversiones, y también para garantizar el respeto a la soberanía de los estados. Este Observatorio incluye la participación de países de América Latina, el Caribe, Asia, el mundo árabe y África.

Es importante señalar que ciudadanos de países desarrollados también unirán sus fuerzas para apoyar a quienes hemos sido directamente afectados por la deshonestidad de algunas transnacionales, pues se han dado cuenta que ellos también, en muchas ocasiones, son víctimas de la supremacía del capital. Tenemos hoy, más que nunca, el deber colectivo de proteger a nuestro pueblo y nuestro ambiente. Es hora de frenar las acciones arbitrarias de ciertos poderes corporativos y crear las condiciones para un mundo más justo y respetuoso".