Todos los dedos apuntaron a la bancada de la Revolución Ciudadana. La agrupación política del expresidente Rafael Correa aparece como la principal sospechosa de impulsar un intento de golpe de Estado camuflado en la protesta indígena de la semana pasada.

Hasta el pasado 1 de octubre de 2019, la Revolución Ciudadana aseguraba que era una fuerza política consolidada en el país. Pero ahora su futuro es incierto.

El movimiento político se quedó sin su secretario ejecutivo, Virgilio Hernández, y sin varios de sus dirigentes más importantes, como Paola Pabón, detenida por una investigación por supuesta rebelión en el paro nacional.

Además de los legisladores Gabriela Rivadeneira, Soledad Viteri y Carlos Viteri, quienes junto a sus parejas y otros miembros del partido pidieron la protección del Estado mexicano.  

No hay claridad de quién será el relevo. El coordinador de la bancada legislativa, Juan Cristóbal Lloret, asegura que en los próximos días se reunirán para definir qué pasará con su dirigencia.

Por el momento, un nombre aparece como principal candidato: el legislador Pabel Muñoz, quien no se encontraba en el país durante las manifestaciones.

A la par de esta obligada reorganización tendrá que afrontar una investigación que prepara la Asamblea para descubrir su verdadero rol durante los 12 días de las protestas.

La propuesta fue presentada por el jefe de bloque del PSC-Madera de Guerrero, César Rohon, quien planteó la creación de una comisión de todas las bancadas para que cumpla con esta tarea en máximo 15 días.

Además, pidió que se convoque a la Asamblea a los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín; de Gobierno, María Paula Romo; y al secretario de Inteligencia, Ricardo Luque.

Su moción pasó el primer filtro en el pleno de la Asamblea y con 88 votos fue colocada dentro del debate parlamentario. No obstante, hasta el cierre de esta edición no finalizaba la sesión de los legisladores. (I)