La Asamblea aún no tiene una fórmula para aprobar el Código de la Democracia. Eso quedó en evidencia este jueves 19 de septiembre de 2019, cuando los legisladores regresaron al pleno, pero suspendieron nuevamente la sesión sin llegar a un consenso.

En la antesala de la reunión, Eliseo Azuero, de la bancada de Acción Democrática Independiente, y Fernando Callejas, de CREO, hablaron sobre las reformas, que a su criterio, eran importantes para mejorar la gobernabilidad y representación política en el país.

Ambos coincidieron en que se debe dar paso a los cambios propuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Electoral. Sin embargo, ese proyecto representa la modificación de, al menos, el 75% de la ley electoral vigente y la propuesta del CNE no pasó por un primer debate, sino que fue directamente al pleno a la espera de la votación.

Esta decisión es el primer bache que deberá superar la reforma electoral. Dentro de la mayoría, conformada por Alianza PAIS, CREO y las bancadas de Integración Nacional y Acción Democrática, aún no hay una posición definida, como ocurrió con el Código Penal.

La legisladora independiente María de Lourdes Cuesta protestó porque las propuestas no fueron discutidas. “Será culpa después de la tan mal vista Asamblea si se genera un mamotreto de la reforma electoral”. En esa misma línea, Roberto Gómez, de CREO, pidió que se cambiara de ponente en la Comisión de Justicia.

Esa decisión afecta directamente a la legisladora de Alianza PAIS, Ximena Peña, quien preside esa mesa legislativa. Ella se mostró molesta con los comentarios vertidos en la reunión y aseguró que en el Parlamento se dicen cosas que dañan la imagen del Legislativo.

Los legisladores deben aprobar esta reforma hasta diciembre próximo, si quieren que las nuevas reglas electores entren en vigencia para las votaciones de 2021.

Algunas de las propuestas de modificación se refieren principalmente al método de asignación de escaños; eliminar las circunscripciones territoriales en Pichincha, Guayas y Manabí; potenciar la participación de la mujer; delinear los requisitos para que las autoridades en funciones participen en las elecciones y el gasto electoral.

Así mismo, la implementación de controles a los aportes que reciben los partidos y movimientos políticos en campaña, para lo cual se plantea la creación de un fiscalizador para cada organización política, quien se encargaría de emitir informes diarios de los ingresos y gastos partidistas.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo que en el capítulo sobre justicia electoral del proyecto de reformas que entregaron a la Asamblea, se aclaran vacíos legales y se eliminan contradicciones existentes en la actual normativa. “Esto permitirá una mayor eficiencia en la resolución de los recursos administrativos”, sostuvo. (I)