El incremento de la participación de las mujeres en procesos electorales es uno de temas pendientes en el segundo debate al proyecto de reformas al Código de la Democracia en la Asamblea.

La legisladora Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, explicó que se analizarán las propuestas, para que “de forma clara” se exija la paridad en los cargos y en la participación en los comicios. “El encabezamiento de listas pluripersonales deberá ser 50% mujeres, 50% hombres, y habrá un control de esta paridad por parte del Consejo Nacional Electoral. Hay un artículo de violencia política”, dijo la asambleísta de Alianza PAIS.

Anteriormente la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, detalló que las personas que incurran en violencia política deben ser sancionadas.

La propuesta apunta a la suspensión de los derechos políticos hasta un año y a una multa de 10 salarios básicos unificados. Incluso la descalificación de candidaturas o la destitución del cargo si ha sido elegido. “En aquellos casos en los que derive en delito se sancionará con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, recalcó.

Peña adelantó que buscará, además, que los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Electoral sean elegidos de forma paritaria.

La reforma no solo tratará de aumentar las cifras de participación de las mujeres, sino sus posibilidades frente al electorado. En marzo pasado se eligió a cuatro mujeres para las 23 prefecturas del país. Así también, 18 alcaldesas de 221 municipios. Es decir, que solo llegaron al 8% de las autoridades seccionales.

Juana Bone, del colectivo Mujeres de Asfalto, lamenta que en el país se tenga que recurrir a procesos legales para otorgar los derechos a la mujer. “No es que a las mujeres no les gusta la política. En la vida cotidiana ellas son quienes están a cargo de los proyectos barriales, en emprendimientos y no se cumplen las leyes para su participación” sostuvo.

La voluntaria defiende lo que dicen los artículos 61 de la Constitución, el 317 del Código Orgánico de Organización Territorial y el 94 del Código de la Democracia.

En los tres se establecen que en la elección de segundas autoridades seccionales exista paridad de género. Sin embargo, se deja un vacío con la frase “en donde fuere posible”, que ha sido cuestionada por la Defensoría del Pueblo.  

Este organismo emitió un informe donde revela que el 53% de los municipios incumple con la paridad de género. Además, impulsó acciones de protección para que las vicealcaldías sean representadas por mujeres. La batalla legal continúa y a penas se han ganado siete vicealcaldías en el país.

Este no es el único problema que afrontan las mujeres en la política. La viceprefecta del Guayas, Susana González, sostuvo que en el proceso para llegar a ser autoridad -y una vez ya posesionadas- existe violencia. “Las mujeres amazónicas son las más atacadas; les quitaron todas las funciones, no les dieron ni un espacio. Ustedes no creen que es violencia; en la práctica hay desigualdad”, dijo en un foro.

En Ecuador, las mujeres son más del 50% de la población y la cifra va en aumento, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sin embargo, son minoría en los cargos públicos o autoridades electas.

Otros tópicos a tratar en el debate son el límite y control de gasto electoral, la eliminación de distritos y el nuevo método para designar a los legisladores.

Peña aspira a que se evacuen las intervenciones en una sola jornada, para los días posteriores trabajar en el texto final y votar por él. (I)