A partir de esta semana se cumple el tiempo límite para que el pleno de la Asamblea Nacional apruebe las reformas al Código Electoral. La norma, según el artículo 177 de la Constitución, deberá ser aprobada un año antes de las elecciones, en este caso del 2021.

Según la asambleísta de Alianza PAIS, Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, el documento final estaría listo este lunes 25 de noviembre de 2019 y prevé que la votación se realice a más tardar el jueves 28.

La legisladora explicó que las reformas más importantes que contiene la ley son: transparencia en la gestión electoral, financiamiento electoral, paridad de género, justicia electoral, cambio de método de asignación de escaños y de una lista abierta a una cerrada-bloqueada.  

Los aportes al Código Electoral

Peña anotó que en el tema de justicia electoral se otorgó herramientas al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para agilitar los procesos. Se plantea que la evacuación de casos, a nivel nacional e internacional, ya no solo puedan realizarla los actuales cinco jueces del TCE.

La norma permite -mencionó la legisladora- nombrar conjueces pero no establece cómo hacerlo. Con la reforma se fijarán los mecanismos para tener un banco de conjueces elegibles que puedan evacuar causas.

En el ámbito de control y financiamiento electoral se prohibirá que el candidato sea parte de inauguraciones de obras hechas por gobiernos locales; asimismo no podrán publicitar a los postulantes con fondos de sus territorios.

También se imposibilita que el gasto de contratación en publicidad electoral exceda el promedio mensual del 2018, con el objetivo de evitar gastos extras de precampaña. Además, se impide la contratación de artistas internacionales durante las campañas electorales.

Se incrementa el límite de gasto electoral, de acuerdo a la dignidad, con el fin de transparentar las donaciones privadas durante la campaña. “Se eleva el techo de gasto y no el gasto público”, aclaró la asambleísta Peña.

Se limita el aporte privado en dinero y en especies: las empresas no podrán donar más del 5% en especie y más del 30% del monto de dinero declarado en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Además, se establece un sistema contable para el control del financiamiento en las campañas, se crea un sistema de interconexión de datos entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), SRI, Contraloría y Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE), con el fin de monitorear pagos no registrados por las organizaciones políticas.

Se instaura la responsabilidad solidaria en torno a los documentos que presenta el partido político relacionado a los gastos de campaña. El documento deberá ser firmado por el responsable económico, el jefe de campaña y el candidato. Asimismo se banderizarán los aportes económicos que se entregan durante la campaña electoral.

En el tema de paridad de género se pretende que las mujeres encabecen el 50% de las listas para candidaturas uni y pluripersonales. “Esperamos que en las elecciones de 2021 se cumpla con el 40% de la paridad de género y en los próximos sufragios sea el 50%; esto es progresivo”, aclaró Peña.

Con las reformas se motivará la participación de los jóvenes en un 25%, con el fin de fortalecer los mecanismos democráticos y renovar el sistema político.

En el proyecto se incluiría el cambio de método de conteo D’Hondt a Webster, puesto que el mismo genera mayor proporcionalidad y garantizará mayor representatividad en la Asamblea Nacional. No se modifica el tema de circunscripciones.

Además, uno de los objetivos de la Ley es fortalecer las organizaciones políticas del país, para ello se reducirán los personalismos en el proceso electoral y se impulsarán los proyectos políticos de los candidatos y partidos.

Es así que se plantea la votación por lista cerrada y bloqueada, con la finalidad de evitar que el votante sufrague por personajes conocidos y, en su lugar escoja un candidato de acuerdo a su propuesta política.

De igual manera, con este mecanismo se promoverá que el número de candidatos no haga una campaña personal sino por su lista.

En opinión del legislador independiente Fabricio Villamar, los temas sobre transparencia, financiamiento y control podrían ser aprobados de manera mayoritaria. Cree que existe preocupación por el punto de representación paritaria, pues habría acuerdo en el tema de sanciones para inconductas en procesos electorales.

El legislador menciona que no existe acuerdos en los binomios hombre-mujer en las candidaturas presidenciales y en el cambio de método de asignación de escaños. Para el legislador, este no era el momento para tratar la ley, puesto que hay dos normas con carácter de urgente.

Los ciudadanos y la reforma

Fausto Camacho, del Observatorio Electoral, comentó que el nuevo Código incluye elementos de transparencia de gestión electoral, en términos de la autoridad electoral en relación con los actores políticos y la ciudadanía.

El experto dijo que el último modelo de gestión de los procesos electorales fue autoritaria, además, señaló que la ciudadanía no confía en el organismo electoral.

“Es necesario que cumplan los procedimientos que tienen que ver con la transparencia en la información, fácil acceso para la comunidad y que haya un registro electoral depurado”, acotó. También, Camacho mencionó que esta reforma marca el escenario más adecuado para las elecciones.

El experto electoral Carlos Aguinaga señaló que las reformas deben ser sustanciales en ámbitos como la forma de votar, asignación de escaños, eliminación de circunscripciones y transparencia en financiamiento.

Sobre el financiamiento electoral, Aguinaga dijo que el problema está en el dinero en efectivo que se maneja en las campañas, el cual provendrían de grupos, entidades o de personas irregulares.

Se pregunta cómo se podrá regular a las empresas que hacen compra directa de camisetas, de personal, que incluso puede disfrazar las contribuciones. (I)