La mesa de Libertad y Justicia, conformada para recoger casos de persecución política del régimen del expresidente Rafael Correa, entregó el informe. En él se registaron 247 denuncias, que se analizaron durante casi 3 meses.

El análisis concluyó que el exmandatario y funcionarios de su Gobierno usaron a la justicia para hostigar a opositores y criminalizar la protesta social.

Las conclusiones se basaron en el análisis de las denuncias en las que se verificó el tratamiento jurídico deficiente que les dieron. La mesa se creó por iniciativa ciudadana y el apoyo del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), que terminó su gestión el pasado 29 de enero.

El informe, que consta de 181 páginas, indica que evidenciaron la persecución que se desarrolló, a través del sistema judicial. Además se presentaron “groseras violaciones a los derechos de las personas”, por parte de la fuerza pública y con participación de altos funcionarios del anterior Régimen.

Asimismo, la Justicia se volvió “complaciente con el expresidente. Algunos casos se tramitaban con inusitada rapidez: apenas eran nombrados en una sabatina o se dilataban sin razón”.

La exvocal del CJT, Angélica Porras, dijo que la persecución fue sistemática y dirigida contra personas y grupos sociales que se opusieron a Correa o denunciaron la corrupción.

Porras aseguró que se creó una estructura con instituciones, ministerios y el sistema judicial. “Hubo un acuerdo previo para impulsar la persecución, el ejemplo más claro está en la política comunicacional que tuvo el Estado que estigmatizó como delincuentes y odiadores a aquellos que no estaban de acuerdo”, dijo.

Paúl Jácome, presidente de la mesa, explicó que 495 jueces habrían favorecido al gobierno de Correa y condenaron a personas sin el debido proceso, por ejemplo en los casos del 30-S. También subrayó que 14 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia se prestaron para esos fines.  

Jácome recalcó que presentarán el informe al Consejo de la Judicatura actual, además solicitarán a la Asamblea que nombre una comisión que analice las conclusiones de manera que se investigue y se sancione. (I)

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30-S y Los 10 de Luluncoto incluidos en el documento

El informe enfatiza varios casos de persecución contra medios de comunicación, líderes sindicales e indígenas, pero también hace referencia a las acciones de hostigamiento contra medios de comunicación y dirigentes estudiantiles, por los casos del 30-S y los 10 de Luluncoto, principalmente.

En el primer caso, el documento recalca que el 11 de junio de 2011, el entonces presidente Rafael Correa critica la posición de diario El Universo, que se refiere a Rolando Tapia (quien era comandante de la escolta legislativa) como inocente.

El gobierno de ese entonces lo acusó de supuestamente haber sido parte de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. La Mesa de Justicia conoció el caso El Universo en una audiencia que se efectuó el 12 de noviembre de 2018.  

Sobre el caso Los 10 de Luluncoto, el informe señala que tras una incursión el 3 de marzo de 2012, elementos de la Policía allanaron un inmueble ubicado en esa localidad y tras someter a un grupo de jóvenes, se les acusó luego de ser presuntos terroristas en uno de los hechos que llamó la atención en la opinión pública, por la acción de la justicia en el procesamiento de los presuntos implicados. (I)