“Nadie es inmune a ser atacado en las redes sociales. Muchas veces parece que cuando mencionamos la Ley de Comunicación o leyes que regulen las redes sociales, daría la impresión de que solo nos referimos a que los políticos sean atacados por estas redes, pero nadie es inmune, todos lo sufrimos. Y lo que busca la ley es una regulación para todos los ciudadanos”.

Este fue uno de los puntos que expuso el asambleísta de Alianza PAIS, Julio César Quiñónez, durante el debate realizado la tarde del viernes en el auditorio José Joaquín de Olmedo de la Universidad Católica de Guayaquil, acerca del proyecto de ley para regular los actos de odio y discriminación en redes sociales.

Junto a Quiñónez estuvo el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Cucalón, quien mencionó algunos puntos a mejorar en el proyecto, como dejar en claro quién va a definir qué es odio, qué es discriminación y bajo qué parámetros se hará. “Se debe evitar cualquier tipo de discrecionalidad por parte de quienes regulen esto, que son el Ministerio de Justicia con un tecnócrata digital que va a poner el proveedor del servicio. Hay que evitar caer en censura previa y de una u otra manera, que se coarte el derecho de libertad de expresión”.

Cucalón reconoció que la preocupación es válida pues “el odio y la discriminación son delitos y deben ser sancionados. El Código Penal así lo recoge y nosotros como sociedad debemos luchar para que eso no exista. Ya existe la norma, hay gente que cree que escribir en Twitter es distinto que escribir en un medio de comunicación. Es la misma responsabilidad”.

Según el asambleísta, “al dejarlo a que la autoridad administrativa, llamada Ministerio de Justicia, que pueda tener una carga de subjetividad, es lo que preocupa. El aterrizaje, la instrumentación, para mi es deficiente en la ley. Ese el gran problema y es donde se va a imponer el criterio, la visión de un régimen en particular, de un ministro en particular”.

También indicó que el tema del odio en las redes sociales atañe a toda la sociedad, pero que “lo lógico hubiera sido que el proyecto de ley de iniciativa presidencial no sea la visión de una persona en ese momento, sino el resultado de este procesamiento por parte de toda la sociedad”.

Por su parte, Julio César Quiñónez recordó durante su exposición que en Ecuador hay 11 millones de usuarios de Facebook, 1´500.000 en Instagram, 700.000 personas que utilizan el Twitter. “Por lo tanto se amerita de una ley que promueva esa regulación… ya hay normas, pero a mi modo de ver, se quedan cortas con la problemática”.

Indicó que “quienes se oponen a esta ley tratan de contraponer el derecho de la libertad de expresión, a otros derechos. Yo creo que todos los derechos son iguales. Al igual que el derecho a la libertad de expresión, que es importante y fundamental, también es importante el derecho de todos a la intimidad personal y familiar, el derecho al honor y al buen nombre, que muchas veces son cuestionados en las redes porque se dice y se habla de todo, se injuria”.

Quiñonez también se refirió al problema de los trolls, que dificultan saber quién opina qué. “Uno no sabe quién está en el otro lado. Creo que el día que se acaben los trolls en las redes sociales, el uso será más consciente y responsable pues es más fácil insultar desde un troll que desde la identidad real”.

Enfatizó que “todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero se trata también del respeto que se merece la otra persona. De eso se trata la ley y eso es lo que busca este proyecto de ley”. (I)