“Tenemos una base de datos de 400.000 personas de Quito, Guayaquil, Cuenca y provincias”.  Con este anzuelo una empresa busca clientes en internet.

La compañía no viola ninguna ley porque, hasta el momento, en el país el uso de esta información no está sancionado. Pero la revelación de 20 millones de datos de ecuatorianos (incluidos muertos) que fueron filtrados, propició la presentación de un proyecto de ley para proteger los datos personales, iniciativa que el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, entregó al presidente de la Asamblea, César Litardo para su discusión y aprobación.

Este proyecto era preparado por el Gobierno hace varios meses, pero cobró importancia luego de la difusión del robo de la información que la Fiscalía investiga al momento.

En julio de 2019, Lorena Naranjo, directora Nacional del Registro de Datos Públicos, anticipó a este Diario la redacción de esta propuesta legal. Ella destacó que la normativa entregará  al ciudadano las herramientas para cuidar sus datos en la web.

La funcionaria enfatizó que nuestro país está rezagado en la región, porque solo Ecuador, Venezuela y Bolivia no tienen este tipo de control. Además, dijo que anteriormente se escogió mal el camino para tratar el tema. “La mayoría de países primero aprobó sus normas para precautelar los datos digitales de los ciudadanos y luego las leyes de acceso a la información de las instituciones públicas”.

Uno de los pilares de la propuesta legal es conseguir un ecosistema digital que implica relaciones de confianza entre el Estado, el ciudadano, la empresa y el usuario.

Para el ministro Michelena es importante el rol que tendrá el ciudadano luego de que se apruebe esta nueva ley. “Uno de los cambios fundamentales es que cualquier persona podrá autorizar o bloquear el acceso a información digital”, sostuvo.

Es decir, las compañías que quieran hacer uso de estos datos deberán contar con la autorización previa de cada persona, caso contrario la ley contemplará sanciones.

La primera será un llamado de atención; en la segunda habrá una multa de hasta el 17% de su facturación; en la tercera, y última, la suspensión del servicio en la compañía. “También podremos exigir a los call center que retiren sus datos de la base que poseen, para no seguir recibiendo llamadas ni información que no sea de nuestro agrado”, explicó Michelena.

El proyecto, que consta de 69 artículos divididos en 10 capítulos, especifica que los datos personales únicamente serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual fueron recopilados, salvo que se establezca un plazo distinto de acuerdo con la normativa. Además se podrán tratar, comunicar o ceder datos personales cuando se cuente con la manifestación de la voluntad del titular.   

El presidente de la Asamblea y representante de Alianza PAIS, César Litardo, prometió que este proyecto será tratado como prioridad. “Para que el país no se quede rezagado de una tendencia mundial”, aseveró.

El mismo criterio tuvo el vicepresidente Patricio Donoso, de CREO, quien dijo que se le dará el tratamiento para dar seguridad a los ciudadanos y a las empresas.

Antes de empezar el debate legislativo, la propuesta tendrá que ser validada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que deberá decidir a qué comisión se remite el proyecto, antes de que entre a votación.

Para el abogado Esteban Ron, director de carrera en la Universidad Internacional, esta ley tiene que generar procedimientos claros en cuanto al trámite, de manera que los ciudadanos sepan qué hacer cuando se mal utiliza su información personal.

Comentó que con esta normativa se dotará a los ciudadanos de una herramienta adecuada preventiva y protectiva de datos y se evitará que empresas negocien con esta información.

El jurista Pedro Jerves señaló que este proyecto constituye un avance; añadió que no obstante se necesitará la implementación de departamentos de cumplimiento normativo en las empresas privadas y públicas, de manera que se haga un seguimiento de la correcta aplicación de la ley. (I)