La reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) se trata este martes 11 de febrero de 2020, en segundo debate, en el pleno de la Asamblea Nacional.

De esta forma se retoma el análisis de la normativa después de que, la semana pasada, fuera suspendido debido a la ausencia de legisladores en la sala.

La ley procesa 26 proyectos y 28 observaciones. Los ejes que aborda son: fiscalización y control político, cambios en los órganos y funciones, relación laboral y régimen disciplinario de los legisladores, formación de la ley, transparencia, participación ciudadana y forma de votación.

El informe, que será tratado durante esta jornada, fue aprobado en primer debate por los integrantes de la anterior comisión. En ese entonces Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana (RC), era presidenta del organismo. Después del primer debate, en febrero de 2019, la ley permaneció un año en la Comisión de Justicia.

La LOFL es considerada una de las leyes prioritarias para este período. Así lo indicó el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, al momento de presentar la agenda parlamentaria que regirá este 2020.

Ximena Peña, asambleísta de Alianza PAIS (AP) y actual presidenta de la Comisión de Justicia, cree que esta vez existe voluntad política para el análisis de dicha ley. “Creo que todas las bancadas, los legisladores y actores políticos estamos conscientes de la trascendencia de la reforma”, manifestó.

El legislador Franklin Samaniego (RC) coincide con Peña al indicar que la ley topa temas sustanciales que les interesa a la mayoría de parlamentarios.

Destaca dos acciones en materia legislativa, como son la creación del Comité de Ética y el cumplimento de un plazo de tiempo para la presentación de cambios del orden del día. Esto deberá ser ingresado con 12 horas de anticipación, según el proyecto incorporado en la LOFL.

Encarnación Duchi, asambleísta por Pachakutik, dijo que las tensiones políticas entre la RC y AP fueron las causantes de que la norma no haya sido tratada.

La legisladora mencionó que entre los puntos más importantes consta la creación de una comisión que dará seguimiento al accionar de las leyes que aprueba el Legislativo. “La ley tiene importantes avances para mejorar el trabajo de la Asamblea y para fiscalizar”, indicó.

Piensa que existe un buen ambiente político para tratar la ley, añadió Duchi, pues los asambleístas se acogieron a gran parte de los temas sugeridos en el primer debate.

Para el analista político y docente de la UDLA, Gabriel Hidalgo, no es casualidad que después de la ruptura entre AP y CREO se trate la ley en el orden del día.

Cree que los motivos son más políticos que de gestión legislativa. Recalcó que la LOFL es necesaria para potenciar la actividad legislativa y espera que en esta ocasión exista quórum.  

El docente añadió que en este momento los legisladores hacen cálculos electorales y analizan leyes que atraigan a los medios y les permita una reelección.

Propuestas que contiene la reforma a ley legislativa

En el área de Fiscalización, los aportes están relacionados al tiempo de entrega de información del Ejecutivo a la Asamblea (actualmente el plazo es de 15 días y se propone que sean 10). Así también, que los informes de juicios políticos no se queden en la Comisión de Fiscalización, sino que pasen a la Asamblea y estos sean votados por los 137 asambleístas.

En caso de que el informe no cuente con los votos necesarios en la mesa legislativa, el presidente de la comisión deberá presentar un informe al pleno. “Con esto se evita que los informes queden en el limbo de la comisión o sean archivados y no pasen al pleno”, explicó Peña.

En el caso de los parlamentarios que atraviesen prisión preventiva y arresto domiciliario, podrán optar por una licencia temporal sin sueldo hasta que recuperen la libertad. Sobre los sonados diezmos, la norma prohíbe que los legisladores pidan colaboraciones a sus equipos de trabajo, pues podrían ser destituidos.

El Comité de Ética Parlamentaria, que es una de las propuestas relevantes, estaría conformado por cinco asambleístas, electos en el pleno; sus funciones durarán dos año y analizarán las denuncias de legisladores hacia otros. “Podrán emitir un informe de conocimiento y de recomendación no vinculante, se presentará al pleno”, sostuvo Peña.

Así mismo, las comisiones tendrán la obligación de presentar a los 137 legisladores los informes de minoría y mayoría que se conformen en las mismas. También, los proponentes de la iniciativa podrán incluir las observaciones que se realicen en el pleno en segundo debate, previo conocimiento de la comisión especializada. Si no hay consenso en la mesa, el ponente podrá incluirlos en el documento.

Finalmente, se establece que para un proceso de destitución de un legislador se requiere contar con una mayoría calificada, es decir, de 91 votos, un tema que la ley no tenía establecido en este parámetro. (I)