La atribución del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) de nombrar autoridades de control, está cuestionada. Por eso la posibilidad de una reforma para quitarle esta potestad suena con más fuerza.

El Ejecutivo analiza una propuesta para devolverle a la Asamblea la capacidad de nominar a estas autoridades, lo cual implica una enmienda constitucional.

Esto debido a la crisis del organismo, lo cual motivó al presidente Lenín Moreno a incluir, entre las 7 preguntas de la consulta popular, que se realizó en febrero de 2018 y que recibió el respaldo mayoritario, una inquietud referida a la institución.

La voluntad popular permitió que se nombrara a un Consejo de Participación Transitorio (CPCCST), que reemplazó al anterior y que designó a las autoridades de control que estaban en ejercicio. Además canalizó que los próximos miembros del Consejo sean elegidos mediante votación, en los próximos comicios del 24 de marzo.

Motivo para la consulta

Todas las autoridades de control eran afines al gobierno del expresidente Rafael Correa, lo cual impidió el ejercicio adecuado de las instituciones, como la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura o el Consejo Nacional Electoral.

Para cumplir con el mandato popular el Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, evaluó a estas autoridades. Al final de esos procesos, que motivaron el cese de funciones anticipadas de 29 autoridades de 9 entidades, se ratificó que la mayoría de funcionarios destituidos nunca tuvieron la probidad para ser nombrados.

Los informes de evaluación, efectuados a lo largo de 6 meses, señalaron que los funcionarios previamente estuvieron en la estructura del gobierno de Correa en altos cargos.

Por ejemplo, el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, fue ministro de Gobierno; el fiscal del Estado, Carlos Baca, que fue censurado por la Asamblea, conformó la comisión nombrada por el Ejecutivo que investigó los hechos del 30-S, además fue asesor del expresidente.

Los superintendentes se desempeñaron como ministros o subsecretarios en distintas carteras de Estado durante el correísmo.
Todas estas anomalías demostraron que el CPCCS no cumplió con la tarea que originalmente la Constitución de 2008 le otorgó.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, comentó que el país vivió una época donde el grupo hegemónico que gobernaba manejaba todos las instituciones de control del Estado y el CPCCS se prestó para mayores distorsiones.

El jurista mencionó que las autoridades no se escogieron por méritos, sino con base en la afinidad con el proyecto de gobierno, donde se valoraba la lealtad para perseguir a los que se oponían y proteger a los coidearios, lo que alentó la impunidad.

A pesar de los actos de corrupción, ninguna de estas autoridades vio nada y por el contrario “persiguieron a los que denunciaban, periodistas, líderes sociales, estudiantes”, indicó García.

El artículo 207 de la Carta Magna indica que el CPCCS promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, establecerá mecanismos de control social y designará a las autoridades correspondientes, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Además se establecieron 12 atribuciones que tienen relación con la lucha contra la corrupción, promoción de la participación ciudadana, supervisión de las rendiciones de cuentas de las instituciones del Estado y la designación de las autoridades de control.

La reforma

El integrante del Consejo Transitorio, Xavier Zavala Egas, dijo que es necesaria una reforma constitucional para quitarle atribuciones al Consejo.

“Debería conservar únicamente las funciones de control social y participación ciudadana. La lucha contra la corrupción es tarea de la Fiscalía, Contraloría y Función Judicial”, aclaró.

Puntualizó que la capacidad nominadora tendría que pasar a la Asamblea, “a una comisión legislativa permanente multipartidista y con concursos de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la selección de las autoridades de control”.

Zavala insistió en que para el efecto se debería convocar a una consulta popular que sea de iniciativa presidencial, con el dictamen previo de la Corte Constitucional.

El constitucionalista Salim Zaidam comentó que se vuelve a la discusión sobre quién debe tener la competencia de designar autoridades; “si debe seguir en el CPCCS o volver a la Asamblea, pero debemos preguntarnos si las cosas cambiarán; parece más fácil que 7 consejeros se pongan de acuerdo a que 137 asambleístas lo hagan”.

Señaló que el punto importante es quiénes integran las entidades nominadoras, por eso es necesario tener requisitos más exigentes para acceder a un cargo público, igual para ser candidato. Además, durante el ejercicio de sus funciones hay que adoptar controles estrictos, “para que las autoridades que no cumplen con el mandato respondan ante la ciudadanía”, recalcó.

Por primera vez los integrantes del CPCCS serán elegidos por votación. Hay 43 candidatos, uno de ellos, Paúl Rivas, opinó que debe mantenerse la atribución nominadora. “Volver a las componendas de los partidos políticos en la Asamblea no es la solución”. (I)