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El Telégrafo
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Procuraduría se compromete a seguir defendiendo al país en el caso OXY

El presidente Rafael Correa señaló que los TBI y centros de arbitraje son ejemplo del orden injusto e inmoral. Foto: Andrés Darquea/ EL TELÉGRAFO
El presidente Rafael Correa señaló que los TBI y centros de arbitraje son ejemplo del orden injusto e inmoral. Foto: Andrés Darquea/ EL TELÉGRAFO
17 de octubre de 2014 - 16:35

Diego García, procurador general de la Nación, presentó hoy el libro Caso OXY: Defensa jurídica de una decisión soberana y en derecho del Estado ecuatoriano.

Según García, la publicación recoge las arbitrariedades que se han presentado en el caso de OXY, cuando el 17 de mayo de 2006, la petrolera demandó al Estado ecuatoriano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), por la terminación del contrato. Ecuador señaló que OXY incumplió el contrato al ceder el 40% de sus acciones a la empresa canadiense Alberto Energy Company (AEC), sin consentimiento del Ministerio de Energía y Minas.

García enfatizó que el proceso está cargado de vicios. Por ejemplo, argumentó una falta de competencia del tribunal del Ciadi, pues la caducidad no es materia de arbitraje.

También aseveró que no se respetó el tiempo de 6 meses de enfriamiento del proceso, ya que se presentó la demanda en contra del Estado ecuatoriano 2 días después de terminado el contrato. Reiteró que OXY no podía ceder sus derechos a terceros, bajo el contrato de participación, sin el consentimiento del Ministerio de Energía y Minas.

La publicación evidencia el voto disidente de Brigitte Stern, quien señaló en varias ocasiones que hubo "groseros errores jurídicos". Argumentó "exceso de poder".

García reiteró la necesidad de que exista un sistema de controversias regionales.

El presidente Rafael Correa participó en el encuentro. Dijo que el laudo, que obliga a pagar al Ecuador cerca de $1.700 millones, podría afectar al "Buen vivir" y al "desarrollo del país",

Agregó que el proceso está "amañado" y que se evidencia "un conflicto de intereses". Afirmó que el Ciadi resuelve en contra de la ley expresa. Afirmó que esa organización juzga la ley de un país soberano. "La ley busca generar soberanía sobre los recursos del país", agregó.

El Jefe de Estado destacó que los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) y los centros de arbitraje son ejemplos del "orden injusto e inmoral en función del capital".

Instó a la unidad de Latinoamérica, porque a su criterio, el problema no solo afecta al Ecuador. "Unidos seremos nosotros quienes impongamos condiciones al capital", concluyó.

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