Organizaciones sociales y políticas se muestran a favor de una movilización nacional en contra de los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI). Una vez que el lunes se conoció la decisión del Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sobre el caso OXY, que ordena al Estado ecuatoriano el pago de un poco más de $1.000 millones a la multinacional.

Para Humberto Cholango, expresidente de la Ecuarunari y la Conaie, las organizaciones sociales e indígenas tienen que movilizarse "y mostrar el descontento que sentimos", dijo.

El líder histórico del movimiento indígena recordó que entre 2005 y 2006 realizaron varias movilizaciones nacionales en contra de los TBI y OXY, en particular. "Es fundamental que se movilice por la defensa de los recursos, por la soberanía y para decirles a los organismos internacionales que con la soberanía de nuestros países no se juega", agregó Cholango.

Jorge Herrera, actual presidente de la Conaie, señaló que la organización se reunió con el consejo de gobierno, "luego de ello informaremos la decisiones que tomemos".

Romelio Gualán, presidente de la coordinadora nacional campesina Eloy Alfaro, señaló que estarían a favor de una movilización nacional. Previo a ello solicitan una reunión con el presidente Rafael Correa para conocer la postura del gobierno sobre este caso. "Desde un primer momento, tomamos una posición a favor del gobierno, ya se veían los juegos e intereses de las transnacionales que buscan la confrontación frente a un gobierno que lucha contra ellas", dijo Gualán.

Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), rechazó el laudo en el caso OXY. "Rechazamos la forma como las multinacionales cobran a un país en esa forma y esa naturaleza", dijo.

Tatamuez dijo que rechazan a esa clase de multinacionales e incluso a los "mediadores" que "han invadido a nuestros países y que han hecho todo tipo del daño".

Reiteró que estarán siempre en contra del daño, "venga de donde venga, por las multinacionales, por el FMI, por el Banco Mundial que nos vengan a avasallar en todos los niveles, a cobrar plata, créase que nosotros nunca estaremos de acuerdo con quienes vengan a invadir, avasallar o a golpearnos como nos han hecho los imperialistas de siempre". Calificó como "injusto que ahora se nos pida movilizaciones", sin embargo, dijo que están en contra de todo proceso que atente la soberanía ecuatoriana.

De su lado, la asambleísta Ximena Ponce dijo que PAIS debería convocarse, "sobre todo quienes estamos preocupados por precautelar la soberanía del país, no como un discurso, sino como un hecho que tiene concreciones en rechazar acuerdos de este tipo".

Dijo que se debe demandar todavía los "acuerdos que se tiene, en donde se busca resignar los intereses y soberanía del país a las grandes corporaciones".

A Ponce le parece pertinente las movilizaciones y "convocaría como Alianza PAIS a que nos vayamos sumando a estas iniciativas del sector social y desde los partidos".

Dijo que es interesante conocer la posición de la oposición, pues en la Ley de Asociaciones Público-Privadas, "quienes más se rasgaban las vestiduras por seguir manteniendo acuerdos con los TBI fueron quienes votaron en contra de la ley alianza público privada y por ello, ahora sería interesante conocer cuál es la postura respecto al fallo de la OXY". Recordó que en el gobierno de Sixto Durán Ballén se firmaron 17 TBI en contra de los intereses del país.

La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Roxana Alvarado, cree que estos son temas que "nuevamente tienen que movilizarle al pueblo ecuatoriano, a no olvidarnos que esos son los poderes contra los que hay que luchar".

Manifestó que Ecuador es un referente frente a esas luchas "históricas e inclaudicables" y que es importante "actualizar la contienda que tenemos, que no solo es a nivel electoral ni entre fuerzas políticas, eso son los verdaderos poderes, lo que están detrás de las multinacionales, en los tribunales de arbitraje, los que pretenden que en las leyes se incorporen arbitrajes internacionales precisamente para que el Ecuador vuelva a perder como ahora ha sucedido". 

En redes sociales, líderes sociales,  asambleístas, investigadores y ciudadanos se pronunciaron en contra de la decisión. (I)