Con la aprobación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), en mayo de 2017, el personal de entidades como bomberos, agentes aduaneros, de tránsito, guías penitenciarios y Policía Nacional quedaron regulados por esta normativa.

La ley, compuesta de 4 libros, se elaboró a raíz de los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010. Esto motivó la propuesta del régimen anterior que, además, configuró la creación de un organismo civil de protección de mandatarios y funcionarios de alto nivel, quitándole esa atribución a las Fuerzas Armadas y Policía.

Esto llamó la atención del legislador independiente Fabricio Villamar, quien propuso la eliminación del sistema civil de protección a autoridades en la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad del Estado, que prepara el informe para primer debate con las propuestas de reforma.

El Coescop estructuró a la Policía como parte del subsistema de seguridad preventiva y creó el servicio civil de investigación de la infracción que se conformó como un órgano auxiliar de la Fiscalía.

Esto, para la etapa de indagación, le quitó a la Policía la capacidad de conformar sistemas de inteligencia pues el Gobierno anterior implementó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Por estos motivos el Coescop trajo como consecuencia un debilitamiento de la Policía, “porque en su momento concibió de manera errónea un código que incluyó a todos los cuerpos de seguridad creyendo que todos cumplen la misma función”, dijo Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana.

Cada institución tiene funciones específicas y en el caso de la Policía, su misión parte de la Constitución. El libro preliminar establece las reglas en común y trata a todas las entidades como una misma cosa desconociendo las especificidades de cada una. Por ejemplo las faltas disciplinarias que comete un agente aduanero, de tránsito o bomberos, no son las mismas porque las funciones son distintas, lo que motivó distorsiones.

El reglamento interno de la Policía consideraba falta grave la violencia intrafamiliar cometida por los uniformados, pero con la aplicación del Coescop dejó de ser considerada, “lo que generó impunidad”, resaltó Tipán.

Otra afectación se refiere a la cadena de mando con la eliminación del Consejo de Generales desde donde se emanaban las directrices institucionales, administrativas y de personal. Esto afectó la independencia de la Policía, afirmó un general consultado (quien prefirió la reserva de su nombre), pues se deterioró la cadena de mando.

La Policía es una institución jerarquizada, “el éxito de su desempeño en la lucha contra la delincuencia depende de una estructura que genere el orden necesario”, argumentó el oficial.

Por ende, cada entidad necesita de leyes específicas de acuerdo al campo de acción, por eso las Fuerzas Armadas se negaron a formar parte de esta ley.

En este sentido, el Ministerio de Gobierno recomendó las reformas para recuperar la operatividad institucional. Además de que se restituya la capacidad investigadora de la Policía que le permitía conformar los sistemas de inteligencia al interior, que son primordiales para la lucha contra la delincuencia.

Tipán aclaró que aparte de las reformas, el Gobierno actualmente trabaja en un plan de fortalecimiento institucional que incluye una inversión de $ 9 millones para el eje investigativo e inteligencia.

Esto incluye la adquisición de drones y equipamiento táctico de las unidades policiales. “Las reformas son de gran importancia para establecer la forma en que funcionará el sistema de seguridad”, opinó Juan José Alencastro Moya, docente de la Universidad Católica.

El jurista aclaró que es necesario que las Fuerzas Armadas y la Policía tengan una ley que establezca la forma en que utilizarán la fuerza legítima y cómo interactuarán en el cumplimiento de sus funciones según el escenario al que se enfrenten, por ejemplo en el control de manifestaciones. (I)